El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello, y 19 alcaldes y concejales que esta mañana participaron en una Mesa de Seguridad sobre los mercadillos ambulantes de la provincia, aseguraron que "se hará cumplir la ley" y que los implicados en los recientes altercados entre clanes de vendedores serán "perseguidos y sancionados".
"Se debe dar un mensaje claro y firme por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de que nadie se puede sentir impune, nadie puede campar a sus anchas y deben saber que quien la hace la va a pagar, tienen que sentir en el cogote el aliento de las fuerzas de seguridad y que en cualquier momento van a ser detenidos", resumió la alcaldesa de Porriño Eva García de la Torre.
También el subdelegado del Gobierno, Antonio Coello, insistió en esta idea. "Los ciudadanos tienen que saber que las fuerzas de seguridad van a estar allí y que la seguridad está garantizada". Coello Bufill aseveró que no queda espacio para la impunidad en este asunto. "Hay una Constitución, unas leyes y un código penal y lo vamos a hacer cumplir", advirtió el subdelegado del Gobierno en Pontevedra. También subrayó la "unidad y el respaldo permanente y sólido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" a los municipios y para perseguir "a quienes quieren traspasar las líneas rojas"
Adecuar las ordenanzas obsoletas en los diferentes municipios es otro de los objetivos a lograr, siguiendo las conclusiones de la reunión mantenida esta mañana en Pontevedra.
Xunta de Galicia
Los alcaldes demandaron además la implicación del gobierno de la Xunta de Galicia en cuanto a su ámbito de competencias en el comercio ambulante.
El objetivo es "recuperar la normalidad" en esta actividad y dar respuesta a los hechos "gravísimos" ocurridos al respecto, afirmó Coello.
El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, apuntó por su parte que "siendo un problema de seguridad no es solo un problema de seguridad" y demandó que en la organización de los mercadillos debe regir la norma de que "cada persona un puesto, porque sabemos cómo trabajan determinados grupos, que generan determinada forma de regulación del mercadillo que no queremos". Pazos subrayó que no solo los concellos tienen competencias en los mercadillos y que el problema no afecta solo al sector de los ambulantes sino "al comercio local y a la ciudadanía".
La alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre, alertó de que "se está produciendo una extorsión de una parte hacia otra, que se defiende, y eso tiene que terminar y solo se va a acabar si la parte que agrede no se siente impune".
Denunció que "hace un año y pico hubo un acuerdo vergonzoso con la fiscalía de Galicia mediante el que se acordó archivar unas diligencias que se abrieron por el éxodo por el exilio que sufrieron cuatrocientas personas y eso no es justicia arrogada, eso es un delito gravísimo de extorsión".
"Lo que tiene que salir claro de aquí es que nadie es impune y que todos estamos sometidos al imperio de la ley", reiteró García de la Torre.
El concejal vigués Carlos López Font apuntó, respecto a la suspensión de los mercadillos de Bouzas y A Bouza, que no se reanudarán mientras no se esclarezcan los hechos. "Quienes cometieron hechos delictivos que sepan que van a ser detenidos", aseguró Font, que avanzó además que se está adaptando la ordenanza municipal en esta materia.
