El juez admite a trámite la querella del fiscal contra el anterior gobierno por el caso Elsamex

La decisión, que ya ha sido comunicada a la Fiscalía, no incluye por el momento ninguna petición de comparecencia en sede judicial como investigados de miembros del gobierno local. Según explicó en su día el fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, la denuncia se formulaba contra el anterior ejecutivo local que autorizó las sucesivas prórrogas a Elsamex. La Fiscalía solicitó al Concello el expediente completo de contratación (cuatro cajas con cerca de diez mil folios), documentación que ahora está en poder del juzgado de instrucción número 2 y que parece que va a ser analizada de forma exhaustiva antes de que decida si se va a tomar declaración o no a algún responsable político en la anterior etapa del gobierno bipartito de Pontevedra.

Cabe recordar que el fiscal también solicitó al Concello, en el marco de esta investigación, la lista de integrantes de la junta de gobierno local que entonces estaba formada por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y ocho concejales (seis del BNG y dos del PSOE).

Además del análisis de la documentación del expediente administrativo, las fuentes consultadas explican que uno de los primeros pasos del juzgado pudieran pasar por la comparecencia como testigos en sede judicial de alguno de los funcionarios implicados en la puesta en marcha del nuevo concurso de adjudicación de parques y jardines, una tramitación que acabó estancarse y que no llegó a arrancar de tal forma que fueron necesarias estas prórrogas para que los jardines no quedaran "a monte", según las explicaciones que ya dio en más de una ocasión el gobierno local. Una vez realizadas estas primeras comprobaciones y en función de su resultado se analizará si se cita a declarar o no a los responsables políticos.

El fiscal jefe de Pontevedra explicó en su día que presentaba la denuncia tras detectar indicios de un posible delito contra la administración pública, concretamente de prevaricación, tras observar una serie de "irregularidades" en las prórrogas concedidas a Elsamex, unas anomalías que además "fueron advertidas por los técnicos" a los miembros del gobierno local.

Estas advertencias son los informes contrarios de los técnicos municipales, cuyos reparos levantó el ejecutivo alegando razones de interés público como era el hecho de que no se dejase de prestar este servicio.

Denuncia inicial del PP

La denuncia de la Fiscalía tiene su origen en otra que presentó a su vez el PP de Pontevedra ante el Ministerio Público hace ahora un año. En ella, los populares exponían que desde que venció el contrato firmado con Elsamex para el mantenimiento de parques y jardines en 2010 se firmaron otras dos prórrogas que finalizaron en 2012. El PP advertía en esta denuncia que desde entonces se fueron acordando prórrogas tácitas del contrato pese a estos informes negativos de los técnicos municipales. Los populares explicaban que desde febrero de 2014 la empresa ni tan siquiera operaba con prórrogas, sino que lo hacía "sin contrato ni nada, simplemente girando facturas mensuales de 35.000 euros al Concello que volvían a encontrar los reparos de los técnicos y que levantaba el alcalde", manifestó en su día el portavoz del PP, Jacobo Moreira.

La clave de la investigación judicial se centrará ahora en determinar si el gobierno local ordenó iniciar los trámites para convocar un nuevo concurso de mantenimiento de parques y jardines (como parece que sí ocurrió) y que, por los problemas que fueren, este se retrasó y no se llegó a tramitar de tal forma que simplemente apuntaría a un deficiente funcionamiento de la administración local; o sí, por el contrario, hubo realmente un ánimo de postergar de forma deliberada este concurso para mantener así estas prórrogas de forma sucesiva en favor de la anterior concesionaria en su beneficio, lo que sí podría suponer la comisión de algún ilícito.