En pleno proceso de derribo, por orden judicial, de los chalés junto al cementerio de Dorrón, el gobierno local y el PP se han enzarzado en una polémica sobre el urbanismo del municipio, las sentencias de demolición y la legalidad de las actuaciones en el sector. Todo comenzó a raíz de los trabajos en Dorrón, donde el alcalde, Gonzalo Pita, destacó el "cumplimiento riguroso de la legalidad" por parte del actual gobierno. La respuesta del PP, que se da por aludido tras varios mandatos en la Alcaldía, fue cuestionar esa afirmación poniendo el ejemplo de una vivienda en Adina vinculada al actual concejal de Urbanismo, Daniel Fernández.

Según la formación que lidera Telmo Martín, la casa cuenta con una orden judicial de derribo desde 2006, que se fue recurriendo hasta ser confirmada en 2014 pero que estaría sin cumplir desde entonces. Desde el gobierno local Pita replicó echando en cara del PP que muchos de los problemas del urbanismo en Sanxenxo se derivan del PXOM que aprobó Telmo Martín en 2003. Tras negar que el inmueble de Adina sea del edil, aunque sí de unos familiares directos, el Concello señala que se trabaja en su posible legalización.

El PP ha vuelto a responder, ayer mismo, señalando que la casa en cuestión no está sometida a ningún proceso de legalización "al estar ese uso prohibido en la ubicación en la que se encuentra".