La Xunta explicaba ayer en un comunicado que es la administración, junto con el Estado, que más está invirtiendo para intentar solventar los problemas de saneamiento y depuración de los concellos de la ría de Pontevedra a pesar de ser esta una competencia municipal.
Recordó que en el rural de Marín las inversiones realizadas suponen más de 2,3 millones de euros y a corto plazo se ejecutarán obras por valor de otros cuatro millones en actuaciones ya identificadas de mejora de la red. En Poio las actuaciones de los últimos años superan el millón de euros y en Pontevedra afirman que las actuaciones en materia de saneamiento en zonas del rural suman 4,6 millones de euros.
Aunque la Xunta no se marca plazos en su comunicado, las autoridades españolas trasladaron al comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vellas, a solventar los problemas de depuración en la ría de Pontevedra en el horizonte del año 2020.
Vellas recordó entonces que España sigue denunciada por la UE ante el Tribunal de Justicia Europeo y que "si no se ejecuta una primera sentencia en que se declare que el Estado miembro infringe el Derecho de la Unión y el asunto se somete al Tribunal por segunda vez, este puede imponer sanciones económicas al Estado miembro. Sería deseable que las situaciones de incumplimiento de la directiva se resolviesen lo antes posible, sin que el Estado miembro tenga que ser remitido al Tribunal por segunda vez", explicó el Comisario europeo de Medio Ambiente.
