Mientras media Europa se prepara para recibir cupos de los refugiados sirios y de otros países que llegan en oleadas al continente y varios municipios gallegos ya se han ofrecido para albergar a algunos de ellos, en Pontevedra el desacuerdo entre todos los grupos municipales impide, por el momento, adoptar medidas locales al respecto. Cada partido acudió a la comisión municipal de Benestar de ayer con su propia propuesta. Marea insiste en que Pontevedra se declare "ciudad refugio" y el PP aboga por "el diálogo y la cooperación" sin plantear la llegada de refugiados a la ciudad. Por su parte, sugiere que se elabore un registro de hogares de la ciudad cuyas familias acepten dar asilo a los exiliados y el BNG, a su vez, considera que todas las acciones de atención a este colectivo debe centralizarse en Galicia a través del Fondo Galego de Cooperación.
La falta de acuerdo y las divergencias políticas a la hora de hacer frente a este éxodo impidieron ayer alcanzar un acuerdo y pactar unas medidas conjuntas para ser aprobadas en el pleno del próximo martes. No obstante, la concejala de Benestar Social, Carme Fouces, anunció que hasta entonces habrá nuevas reuniones con el fin de alcanzar ese consenso.
De entrada, el gobierno local descarta aportar viviendas municipales "ya que carecemos de ellas", pero sí sugiere que aquellos propietarios de viviendas vacías y sin uso que lo deseen, pongan esas casas a disposición de los refugiados, de llegar el caso de que fueran necesarias. Para ello se propone crear un censo con las viviendas ofrecidas, donde se detallen sus características para un hipotético reparto entre las familias exiliadas. Fouces advierte de que "el organismo de las Naciones Unidas de ayuda al refugiado no prohibe pero sí desaconseja albergar familias de refugiados con familias locales, por el choque cultural que puede suponer, la necesidad de apoyo psicológico a los recién llegados y, sobre todo, porque no se trata de un acogida temporal de dos o tres meses, sino que puede ser a largo plazo". Por ello, a su juicio, lo más efectivo sería disponer de viviendas específicas, de ahí esa propuesta del censo de casas vacías.
En todo caso, el BNG insiste en que "debe ser el Fondo Galego de Cooperación el que se ponga al frente y establezca qué hace cada municipio", si bien el Concello ya apunta posibles actuaciones, al margen de manutención, como resolver trámites burocráticos o atención escolar a los refugiados. No obstante, Fouces deja claro que esta hipotética ayuda "debe ser para todos los que se ven obligados a abandonar su país", en referencia a los miles de subsaharianos que cruzan casi a diario el Estrecho de Gibraltar.
La propuesta de que sean familias pontevedresas las que acojan en sus domicilios a los exiliados no solo es planteada por el PSOE, sino también por Marea, si bien este último grupo plantea el uso de los alojamientos habituales de los peregrinos (el albergue o incluso algún pabellón) para dar cobijo a este colectivo. Los socialistas, a su vez, abogan por poner en marcha desde el Concello una "campaña de sensibilización" acerca de la política de asilo y crear una Mesa de Apoyo al Refugiado.
Discapacidad
Al margen de este asunto, la comisión de Benestar y Cultura de ayer sí cerró acuerdos para activar un sistema de bonotaxi para personas con movilidad reducida y ampliar el número de taxis adaptados, todo ello a propuesta de Marea, así como la creación de la Mesa Local da Discapacidade, planteada por Ciudadanos. A su vez, el PP logró el apoyo de los demás grupos para intensificar las actividades extraescolares en los colegios y coordinar las que organicen los diversos departamentos municipales.
