El Gobierno central y la Xunta descartan dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al cese de actividad en la depuradora de Placeres. La decisión se justifica en que la materialización de este fallo supondría "una irresponsabilidad" medioambiental "para toda la ría", añadiendo que los trabajos previos encaminados a la legalización del recinto ya se han puesto en marcha. Además, se apuesta por la continuidad de esta instalación dentro del plan de saneamiento que fue presentado esta pasada primavera como parte de un conjunto de actuaciones en diversos municipios del litoral de la ría.
El Ministerio de Medio Ambiente es el que ya ha puesto en marcha los trámites de legalización, administración a la que le compete esta tarde por estar los terrenos en el domino marítimo público-terrestre. De forma paralela, la Xunta procede, como explotadora de la depuradora, a avanzar en el marco para la ocupación legal de los terrenos en los que fue construida. Y mientras todo ello se lleva a cabo, el funcionamiento de la EDAR (estación depuradora de aguas residuales) continuará a pesar de que la orden obliga expresamente al Estado a la "adopción de todas las medidas legalmente contempladas para la paralización de las actividades".
Los portavoces oficiales de la Xunta aseguraron a este periódico que bajo ningún concepto se procederá a la paralización de la depuradora, ya que consideran que ello generaría más perjuicios que beneficios, insistiendo en que el trámite para la legalización de las instalaciones está en marcha. "En este tiempo" -se apunta en referencia a los más de dos años que pasaron desde que la Audiencia Nacional emitió el falló que obligaba al cierre hasta que este verano el Supremo lo ratificó, echando por tierra así los recursos presentados por el Estado y Ence- "se han ido haciendo los trabajos previos en los trámites de legalización", se expone desde el Ejecutivo autonómico. El énfasis se pone en las consecuencias que conllevaría la interrupción del servicio de depurado mientras no se pusiese en marcha otra solución. "Sería una auténtica irresponsabilidad por los vertidos que se generarían a la ría", indican estas fuentes autonómicas.
Hoja de ruta
El Ejecutivo gallego mantiene, por tanto, que seguirá con la hoja de ruta presentada esta pasada primavera al respecto del saneamiento de las aguas residuales de Pontevedra y municipios limítrofes. En ella se incluye a la depuradora de Placeres como una de las piezas centrales de un sistema de saneamiento que incluye intervenciones en los distintos municipios que vierten a la ría de Pontevedra.
El director de Augas de Galicia, Gonzalo Mosqueira, avanzó el pasado junio que la Xunta de Galicia instalaría sondas en los bombeos de la red de saneamiento de Pontevedra para conocer en tiempo real la situación de la ría. Señaló también entonces ante representantes de los diferentes municipios implicados y de las cofradías de mariscadores que esta medida sería una de las actuaciones inminentes y que permitirá conocer en tiempo real (o diferido) el funcionamiento de los distintos bombeos de la red. Esta acción se completará con otras acciones que consistirán en la calibración de los bombeos más importantes, para comprobar que funcionan correctamente.
El director de Augas de Galicia destacó que el Plan de saneamiento local de la Ría de Pontevedra se articulará con un enfoque similar a los planteados para las rías de Arousa y O Burgo, por el que se realizará una primera fase de conocimiento de la red actual y evaluación de su funcionamiento y de los impactos que producen los alivios de la misma. A continuación se realizarían campañas de medición de caudales antes de pasar a la fase de propuestas concretas, en la que entrarían ya actuaciones como la ampliación de una depuradora cuyo funcionamiento resulta a todas luces insuficiente para dar un adecuado servicio a la población a la que atiende.
En todo caso, la sentencia que obliga al cese de actividad nada tiene que ver con cuestiones relacionadas con vertidos a la ría. El colectivo Salvemos Pontevedra fue el que puso en marcha el proceso judicial que ha derivado en esta sentencia por parte del Tribunal Supremo.
Lo que el colectivo denunciaba, en su cruzada por la recuperación de las marismas de Lourizán, era que ni la depuradora ni el emisario submarino contaban con el pertinente permiso urbanístico.
