El presidente de la cooperativa San Miguel de Marín, José Luis Santiago Pereira, compareció ayer en un juzgado de Pontevedra para dar cuenta de la acusación de supuesto fraude en la contabilidad de esta agrupación de pescadores. El fiscal pide una condena de seis años de prisión y el pago de una multa de 1,8 millones de euros, como presunto responsable de una doble contabilidad en la agrupación, que habría originado un perjuicio económico a la Hacienda Pública.
En el juicio celebrado ayer en el Penal 3 de Pontevedra, el acusado se declaró inocente de los cargos, alegando que no gestionaba las cuentas de la agrupación.
Los hechos denunciados se habrían cometido durante los años 2008, 2009 y 2010 y el fiscal de delitos económicos, Augusto Santaló, aprecia tres delitos contra la Hacienda Pública.
Multa
Así, el Ministerio Público, pide para José Luis Santiago Pereira, como responsable de la cooperativa, una pena de seis años de prisión, dos por cada uno de los tres delitos fiscales que se le imputan a la entidad, así como una multa de 1,8 millones de euros (600.000 euros por cada uno de los delitos). Asimismo solicita que reintegre al erario público 1.053.849 euros que supuestamente dejó de abonar la cooperativa a Hacienda.
Augusto Santaló sitúa a a la Cooperativa del Mar San Miguel como responsable civil subsidiaria en el pago de las cantidades defraudadas, además de reclamar un millón más de euros en concepto de multa, lo que supone que la entidad podría enfrentarse a pagos por valor de dos millones de euros entre la cantidad destinada a pagar a Hacienda y la sanción que reclama la Fiscalía.
Asimismo, el Ministerio Público solicita que se inhabilite a la entidad para obtener subvenciones y ayudas públicas, así como para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social, todo ello por un periodo de dos años.
Ventas "en B"
En su escrito de acusación, el Ministerio Público insiste en que las declaraciones que presentó la cooperativa a Hacienda en estos tres ejercicios no reflejaban "las operaciones económicas reales de la obligada tributaria" pues esta realizaba "operaciones de compra y venta de pescado que se reflejaba fielmente en la contabilidad" y operaciones de las que no se dejaba constancia (supuestas ventas de pescado "en B") por las que no se habría tributado.
De hecho el fiscal vuelve a insistir, tal y como había ya hecho en su querella, que estas operaciones incluso quedaban reflejadas en una contabilidad paralela de la operaciones "en B" en unas liquidaciones en color blanco que diferían de aquellas de color azul que sí se recogían en los impuestos.
En su anterior comparecencia ante el juzgado de instrucción, la cooperativa se había defendido asegurando que no realizaba ninguna compra y posterior venta sino que se limitaba a actuar de mediadora entre los armadores y los compradores de pescado.
Ayer el gerente de San Miguel reiteró su inocencia, dado que -según explicó-, no tenía responsabilidades directas en la contabilidad de la cooperativa que llevarían directamente los técnicos.
