El supuesto escándalo de las ambulancias de la empresa BDM que inmovilizó la Policía Local de Pontevedra por presentar graves problemas técnico-sanitarios llegará al Parlamento de Galicia. El BNG exige responsabilidades a la Xunta de Galicia por no haber actuado contra la empresa pese a que algunos incumplimientos, según los nacionalistas, ya fueron detectados en 2011 y se pregunta porque los distintos departamentos autonómicos no actuaron contra esta empresa.
Cabe recordar que, tal y como recuerda el BNG, la lista de las irregularidades detectadas por la Policía Local de Pontevedra el pasado agosto es "abundante". Los vehículos carecían supuestamente de tarjeta para realizar el transporte sanitario, no disponían de libro de inspección técnico-sanitario, no tenían la revisión de la ITV al día, además de presuntas "falsificaciones en el registro de inspecciones técnico-sanitaria y en el libro de reclamaciones, carecían del registro de desinfección del habitáculo y del equipamiento y "uno de los vehículos aparecía catalogado como furgoneta para uso particular sin referencia a la prestación de funciones de ambulancia, transporte sanitario o servicio público". El otro tenía prohibido circular desde 2011 y en ambos aparecieron medicamentos y materiales caducados, algunos desde hacía años.
Tanto el BNG como la CIG en su día afirman que estas ambulancias no solo realizaban traslados de pacientes a servicios de rehabilitación o centros de salud, sino que también a servicios de urgencias de distintos centros sanitarios, fundamentalmente para aseguradoras privadas.
No fue un caso "aislado"
Aseguran que la investigación de la Policía Local de Pontevedra no es un caso aislado y señalan que la Policía Local de Vigo interpuso a principios de año una denuncia a una ambulancia de esta empresa por no tener la ITV y la Guardia Civil también impuso sanciones por infracciones como "realizar transporte sanitario en régimen de servicio público careciendo de la pertinente autorización".
A todo esto añaden una serie de "irregularidades laborales de gravedad" como excesos de jornada laboral, llegando a realizar "72 horas ininterrumpidas", entre otras, cuestiones trasladas a Inspección de Traballo en mayo de 2014 "sin que se conozca ningún tipo de actuación al respecto". Ante este largo historial de irregularidades, para el BNG resulta "sorprendente" que la Xunta no haya actuado contra esta empresa y "muy al contrario lo que parece constatarse es complicidad y connivencia, ya que la realización de servicios para administraciones públicas, mayoritariamente concellos gobernados por el PP, es muy habitual, incluida la cobertura del acto político celebrado por el PP en el castillo de Soutomaior".
Desde un primer momento, Sanidade aseguró no tener competencias en este asunto. Sin embargo, el BNG no lo cree así y señala que la "Xunta tiene responsabilidades en la situación de la empresa BDM". Sanidade "porque debe garantizar la seguridad y prestación de los servicios sanitarios con garantías a la población", Traballo por la situación laboral, Medio Ambiente y Territorio por permitir la circulación sin las garantías mecánicas y técnicas y Xustiza por permitir que una persona vinculada a esta empresa esté al frente de una agrupación de Protección Civil en Soutomaior.
Por ello, preguntan a la Xunta si el ejecutivo ha tomado alguna medida contra esta empresa teniendo en cuenta esta larga lista de irregularidades y también por qué no se actuó nunca contra ella pese a que las primeras denuncias se remontan al año 2011, entre otras.
