La Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) reclama al Puerto que cumpla con la reciente publicación de la providencia del TSXG y plantea que "debe comenzarse a planificar cuanto antes el futuro del Puerto, pero dentro de la legalidad y favoreciendo las funciones que sean compatibles con el mantenimiento del medio natural y de la actividad productiva". El colectivo exige la "retirada de los rellenos" y llama la atención a los responsables del recinto y también de la Abogacía del Estado por permanecer "insensibles a las sentencias dictadas en las más altas instancias judiciales".

"Todo indica que la voluntad es la de incumplir estas sentencias, continuando con el derroche de fondos públicos al mantener activas otras obras contempladas", exponen desde la asociación, en la que recuerdan que "las actuaciones ilegales y sus consecuencias se llevan denunciando desde hace ya 20 años por parte de la APDR y otros colectivos". Benito Andrade, miembro de la asociación, considera que "parece evidente que las administraciones, a pesar de conocer el año y la ilegalidad forzaron la aprobación de planes especiales y apoyaron la realización de obras sin una verdadera previsión de impacto".

Sin destruir

"A pesar de las evidencias -continúa- las administraciones siguieron dilapidando fondos públicos y agravando los impactos para crear suelo para empresas que se pudieron haber instalado en otras zonas de forma legal y no destructiva". La actividad de Gonvarri como factoría y la de las oficinas de Pérez Torres Marítima, las empresas que resultarían afectadas por la demolición, "se podría llevar para otro lado". Por ello la APDR insiste en que "no hay razones para oponerse a esta demolición".