Con la ayuda de un grupo de amigos y allegados, la mujer a quien Servicios Sociales quitó la custodia de cuatro de sus hijas, emprenderá una batalla legal para recuperar a las niñas y denunciar a los responsables que tomaron esta drástica medida, "sin siquiera hablar conmigo". Esta vecina de Marín, a quien el departamento de Menores de la Xunta quitó la patria potestad de sus hijas, basándose en una supuesta situación de desamparo, denuncia que Servicios Sociales "nunca me ayudó en nada, me echaban de allí cuando fui a gestionar algún papel, y ahora me quita a mis hijas", clama esta mujer, de nacionalidad namibia y viuda de un vecino de Marín, que el pasado miércoles se encontró con que funcionarios de la Xunta se habían llevado a sus hijas del colegio, sin advertirla previamente.
Buenas notas en el colegio
"Las niñas estaban bien atendidas, eran felices y de hecho sacaban buenas notas en el colegio, tenemos informes que lo demuestran", aseveran los amigos de esta mujer, abatida anímicamente desde que sus hijas fueron trasladadas a un centro tutelado por la Xunta. Pese a su estado de ánimo, afirma que reunirá las fuerzas necesarias para luchar legalmente contra quienes han cometido "esta injusticia". La afectada, ayudada por un grupo de amigos, está buscando un abogado que quiera involucrarse en este problema, con el objetivo de devolver cuanto antes a las niñas a su hogar.
"No seremos la familia más rica del mundo, pero mis hijas eran felices en casa y estaban bien atendidas; no se cómo pueden estar ahora, ni puedo pensar en el trauma que les están causando", clama la madre de las cuatro niñas, de entre 8 y 13 años de edad.
La afectada desmiente, por otra parte, que ingrese 3.000 euros en pensiones de viudedad y orfandad, sino "mucho menos" y recuerda que, en todo caso, "si cobro una pensión no me están regalando nada; coticé durante muchos años por mí y por marido, incluso desde Namibia", para tener la cobertura de la Seguridad Social que ahora le corresponde, como razona esta ciudadana.
En cuanto al corte de luz en su piso, explica que se debió a un problema administrativo, al no poder cambiar el contrato a su nombre por tener el pasaporte caducado y no por no pagar la factura. También niega que su suegra, octogenaria, en cuya vivienda comían muchas veces las niñas, esté incapacitada físicamente para atener eventualmente a las menores.
Sobre las causas que han motivado la decisión de la Administración, admite que "he cometido errores, pero voy a luchar para enmendarlos porque mis hijas son lo más importante para mí", explica la afectada, quien critica que "si les importaba tanto mis niñas, ¿por qué no vinieron antes a hablar conmigo en vez de venir a quitármelas sin decir nada?", lamenta esta mujer, quien asegura que mucha gente de su entorno supo antes que ella que Servicios Sociales iría a buscar a las pequeñas.
"Ayer fue el festival de fin de curso y mis hijas lo esperaban con ilusión, pero no pudieron asistir", lamenta esta madre.
