El Sindicato CIG pidió ayer amparo a la Fiscalía para que investigue la supuesta "persecución" que, a su juicio, están sufriendo no solo las centrales sindicales, sino "de cualquier movimiento por parte de la ciudadanía que salga a protestar a la calle". Para ello, solicitaron una entrevista con el fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, además de presentar denuncia por supuesta falsedad documental con respecto a un caso concreto, el que padeció uno de los responsables del sindicato, Xavier Aboi, al que se le impuso una sanción de 1.200 euros por la comisión de dos "faltas graves y una leve" durante una movilización contra el rescate bancario en frente a la sede del Banco de Santander de la calle Michelena.

Una sanción finalmente retirada por el juzgado de lo Contencioso de Pontevedra al entender que las firmas de los policías que ratificaban los hechos por los que se multaba a Aboi no coincidían con las de los agentes que levantaron las primeras actas de infracción en el lugar de los hechos.

El sindicato considera que la presunta simulación de las firmas de estos policías nacionales por parte de terceras personas podría significar un delito de falsedad documental por lo que solicita a la Fiscalía Provincial en una denuncia presentada ayer en las oficinas de este organismo en A Parda que abra la correspondiente investigación penal.

Para Marcos Conde, responsable comarcal de la CIG, esta sanción en concreto no es lo "más grave" de la situación que se está vivienda actualmente. El sindicato quiere llamar la atención sobre el hecho de que "en unos tiempos convulsos como estos en los que se están produciendo muchas movilizaciones por muchas causas que están totalmente justificadas, la Policía, obedeciendo órdenes de arriba, está intentando que la gente deje de salir a protestar a la calle".

Xavier Aboi, El sindicalista que recibió esta sanción, luego derogada, explicaba ayer que "no se trata de una persecución hacia la CIG, se trata de una persecución contra el que discrepa y por ello decide movilizarse". Aboi se preguntó "¿cuántos incidentes graves se recuerdan en los últimos años en manifestaciones en Pontevedra?", pese a que apenas no hay incidencias, explica que hay miles de sanciones administrativas impuestas por la Subdelegación del Gobierno.