Estos días se cumple un año desde que el asilo de Pontevedra cerró definitivamente sus puertas poniendo así fin a más de 125 años de historia y de atención a los mayores de la capital. Una clausura que se produjo en medio de un enorme revuelo mediático y acusaciones a las propietarias del edificio, la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, de esconder las verdaderas causas de aquel cierre. Se habló entonces de la intención de dar un pelotazo urbanístico por parte de las monjas o de que la verdadera causa del cierre era la venta del edificio a un gran grupo empresarial para la puesta en marcha en la capital de un importante negocio sociosanitario.
Un año después, la parcela de 15.000 metros cuadrados y el enorme inmueble del asilo Virgen del Camino sigue cerrado y vacío. Ubicado en pleno centro de la ciudad, en la calle Loureiro Crespo, el edificio todavía no tiene un destino claro, según confirmó ayer el abogado que representa los intereses de la congregación religiosa, Jaime Fernández-Martos. Lo que sí quiso dejar claro es que, un año después de aquel cierre, "se demuestra todas las cosas que se dijeron entonces sobre las monjas no eran ciertas". "El paso del tiempo pone las cosas en su sitio y dio la razón a los que afirmábamos que detrás del cierre no había ningún negocio ni nada parecido".
Fernández-Martos explica que actualmente las Hermanitas de los Ancianos Desamparados no tienen "ningún plan diseñado" para el futuro del edificio" pero sí aseguró que "no está en venta y, por el momento, no tienen intención de hacerlo a corto plazo".
Tampoco parece estar dentro de sus posibilidades retomar de nuevo la actividad asistencial en el edificio de Loureiro Crespo. "Las causas reales que determinaron su cierre siguen existiendo", explicó el abogado de las religiosas quien recordó que las deficiencias que presentaba el edificio eran incompatibles con los requerimientos que realizaba la Xunta para llevar a cabo esta actividad de asistencia geriátrica.
Once millones para repararlo
Un informe técnico elaborado con carácter previo a la decisión de cerrar el asilo determinaba que subsanar estas deficiencias o limitaciones que presentaba el inmueble costarían a la congregación la friolera de ocho millones de euros, una cantidad que se vería incrementada hasta los once millones si se le sumaba el coste de la elaboración de los proyectos técnicos y de ingeniería. Incapaces de asumir semejante inversión, la congregación religiosa optó por recolocar a los internos y cerrar el edificio.
Fernández-Martos explicó ayer que a día de hoy ni tan siquiera negociaciones "embrionarias" que pudieran prever que se pudiera producir una venta del inmueble, e insiste en que las monjas por ahora no lo han puesto a la venta. No le consta que tampoco hayan recibidos ofertas por él, ni por aquel entonces, ni tampoco ahora.
Jaime Fernández-Martos entiende que la decisión de cerrar el asilo fue traumática para todas las partes, desde los ancianos residentes (un total de 160 a los que hubo que buscar una alternativa), a los 43 trabajadores que perdieron su empleo, la propia congregación e incluso para el conjunto de la ciudadanía pontevedresa, dado que el asilo formaba parte importante de la historia de la ciudad desde 1879, cuando las Hermanitas se instalaron en Pontevedra. Sin embargo, lamentó que en ese momento se hubiera dudado de las razones que esgrimían las religiosas para justificar el cierre: "Quizá lo fácil era echar la culta a las monjas y ponerlas como malas", explica el letrado.
Entonces también se produjeron críticas sobre el traslado de aquellos usuarios, algunos realizados en plena noche y "sin comunicación a las familias", según se denunció en los medios de comunicación. Un año después, el letrado de las Hermanitas asegura que los 160 residentes fueron trasladados en un proceso que se hizo "en tiempo récord" y sin que le conste que hubiera alguna persona que a posteriori manifestara encontrarse a disgusto en su nueva residencia.
