Con la entrada en vigor de la llamada ley de tasas de Gallardón a finales de 2012, fueron muchos los que pronosticaron un fuerte descenso del número de asuntos que se tramitan en los tribunales de Justicia, especialmente en lo que respecta a los recursos y al ámbito civil, que era el más afectado por el denominado "tasazo". Se le reprochaba al ministro que no se podía descongestionar los saturados tribunales apartando al ciudadano de la Justicia construyendo una barrera en forma de tasa que debe abonar el administrado para hacer valer su derecho a la tutela judicial efectiva. Las estadísticas judiciales en Pontevedra vienen a dar la razón a los que pronosticaban un descenso en el número de asuntos, aunque quizá no tan exagerado como se pronosticaba inicialmente. El pasado año sí se produjo un descenso significativo de casi un 4% en el número de asuntos tramitados por los juzgados de Primera Instancia de la capital.

Fuentes judiciales consultadas destacan que aunque la caída en el número de asuntos pueda parecer pequeña, no lo es tanto sí se tiene en cuenta que se trata del primer descenso en años del número de asuntos ingresados en los tribunales pontevedreses. Entre enero y diciembre de 2013 los cuatro juzgados de Primera Instancia de la ciudad ingresaron un total de 5.034 asuntos, frente a los 5.221 del ejercicio anterior. Estos 187 expedientes menos son "significativos" según indican estas mismas fuentes, y la principal razón para explicar la caída hay que buscarla, probablemente, en la ley de tasas de Gallardón. A esto habría que sumar que la estadística de 2013 añade un nuevo epígrafe que no consta en la de 2012, que son los procedimientos específicos relativos a participaciones preferentes y subordinadas que se registran en los juzgados de Pontevedra desde mayo pasado. En total, durante el anterior ejercicio se presentaron ante los juzgados 298 reclamaciones por este tipo de productos bancarios, lo que demuestra un elevado número de afectados en la ciudad. De las cuantías en juego en estas demandas da una muestra el hecho de que tan solo 17 fueran juicios verbales (es decir, cantidades que no excedían de los 6.000 euros) mientras que el resto fueron procedimientos ordinarios (en donde la reclamación superaba la cantidad anterior). Los meses en los que se produjo una mayor "avalancha" de preferentes fueron junio con cerca de 80 (justo cuando se cerró el proceso de arbitraje) y octubre cuando incluso se llegó a superar esta cifra.

Los procesos monitorios -que es un trámite utilizado habitualmente por empresarios, autónomos o incluso comunidades de vecinos para reclamar deudas o facturas reconocidas e impagadas- acumulan el mayor número de asuntos que se tramitan los juzgados de lo civil de Pontevedra. Son un total de 1.500 de los cinco mil asuntos que tramitan al año estos órganos judiciales. Con la ley de tasas, solo aquellos en los que se reclama una cantidad igual o inferior a 3.000 euros están exentos del pago del tributo al Estado. El año pasado este tipo de proceso tan común en los juzgados también cayó un 21% en Pontevedra tras la entrada en vigor de la norma impulsada por el ministro de Justicia.