La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra tiene previsto juzgar hoy a un vendedor de seguros acusado de apropiarse de algo más de un cuarto de millón de euros de dinero que le entregaban sus clientes para la contratación en las compañías para las que trabajaba de diferentes productos y pólizas. Unas pólizas que, según el fiscal, nunca llegaba a tramitar y se quedaba así con el efectivo entregado por estos ciudadanos.

En la investigación dirigida por el juzgado de instrucción número 2 de Pontevedra se llegaron a identificar un total de 17 ciudadanos estafados que cita el escrito de acusación del fiscal.

Así, según el Ministerio Público, este pontevedrés (identificado como J. V. P.) trabajó entre enero y diciembre de 2008 como auxiliar de seguros para las empresas "Puntos Azules" y "Asegur", ambas participadas al 100% por la compañía AXA. Su cometido era captar clientes para ellas, por lo que realizaba contratos con los mismos, entregándole los clientes distintas cantidades de dinero que, supuestamente, esta persona integraba en su patrimonio sin cursar las solicitudes de los referidos contratos, ni tampoco entregar a AXA el dinero recibido por los clientes.

Con AXA el fiscal detalla hasta ocho operaciones que no realizó, en el caso de algún cliente quedándose con cantidades cercanas a los 30.000 euros.

Señala el fiscal que la citada compañía "emitió y formalizó posteriormente, con el fin de que los citados clientes no sufriesen perjuicios, las pólizas por ellos solicitadas", es por ello que solicite una indemnización por parte del acusado a la mencionada aseguradora por valor de 71.100 euros.

Añade el fiscal que anteriormente el acusado había trabajado para la aseguradora Mapfre, llevando a cabo la misma conducta en otras 9 ocasiones. En este caso, supuestamente se habría apropiado de cantidades cercanas a los 47.000 euros en el caso de un cliente y hay otros cuatro con cifras cercanas a los 30.000. En uno de los casos llegó a reintegrar 3.000 euros asegurando que eran beneficios de sus inversiones. En este caso, los productos que supuestamente adquirían estos clientes era una compra de valores.

El Ministerio Público reclama para este pontevedrés una pena de 6 años y 3 meses de prisión por un delito de apropiación indebida y pide que se le aplique la circunstancia atenuante de anomalía psíquica ya que el acusado padecía entonces ludopatía.