Empeñado en "aligerar" su patrimonio "para incrementar los ingresos públicos, optimizar la ocupación de espacios y reducir costes", el Estado ha puesto el foco sobre el Edificio Sindical de Pasantería con el fin de evaluar una hipotética enajenación.
Se están dando los primeros pasos y por tanto aún no se vislumbra una posible decisión. Está muy lejos la situación, a día de hoy, de la que vive la vecina Delegación de Hacienda, cuya venta fue incluida en el plan integral de enajenaciones para el sector público diseñado por la Dirección General de Patrimonio del Estado y cuyo destino final es objeto de controversia.
Si para el inmueble de Hacienda, que es parte del antiguo convento de San Francisco, se especula sobre posibles destinos - el gobierno local apuesta por un uso público aunque el socio socialista no descarta un hotel de alto standing- en el caso del Edificio Sindical tan sólo se apuntó, y fue en pleno boom inmobiliario hace casi una década, la posibilidad de convertirlo en un "hotelito con encanto" dada su privilegiada situación con fachada a la plaza de A Ferrería y en la entrada del corazón del casco histórico. En la actualidad, al parecer, es la Diputación la interesada en sopesar alguna otra utilidad.
Haca poco más de un mes Hacienda requirió a CIG, CC.OO y UGT los documentos que acreditan "la transferencia, la autorización o bien el título" en base al cual ocupan el llamado Edificio Sindical de la calle Pasantería.
Control financiero
La iniciativa se enmarcaba, según explicó en su día la inspectora que gestionó el requerimiento, en el plan anual de control financiero permanente 2013 por el cual la Intervención general del Estado, entre otros cometidos, ordena la comprobación de la gestión del patrimonio sindical acumulado (PSA) que depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Un patrimonio cedido a las organizaciones, en la recta final de la Transición, en compensación por la usurpación de bienes durante el franquismo.
Las centrales ya han entregado las copias de sus respectivas resoluciones administrativas, firmadas por el entonces Ministerio de Trabajo, que fijan la cesión de uso y las obligaciones que conlleva.
La instalación de los sindicatos en Pasantería es anterior a los títulos de cesión vigentes que tienen fecha del año 1986 (caso de UGT), 1993 (CC.OO) y 1997 (CIG). Son documentos idénticos con los que se hace una cesión de uso "gratuito", prohibiéndose expresamente "alterar la naturaleza, forma o destino del edificio" y "modificar los requisitos y términos" de la resolución.
A cambio de este usufructo permanente los sindicatos asumen los gastos corrientes y las reparaciones ordinarias del inmueble, cuya propiedad sigue a nombre del Estado.
La propiedad inmobiliaria que el Ministerio de Empleo tiene en la calle Pasantería ocupa un solar de 925 metros cuadrados y cuenta con 2.414 metros cuadrados de superficie construida, de los que un millar, que se corresponden con el salón de actos, son de uso común. Está tasado su valor catastral en cerca de 1,6 millones.
Fue la Comisión Nacional de Patrimonio Sindical la que cedió hace más de tres décadas el inmueble de la calle Pasantería a las centrales pontevedresas por lo que cualquier cambio de status, cualquier hipotética privatización o cambio de administración necesitará un acuerdo a tres bandas: Estado, sindicatos y empresa o institución interesada en hacerse con el edificio.
A finales de los años 90 y primer lustro del siglo XXI se valoró la posibilidad de hacer una permuta. Varias constructoras tantearon el terreno y al menos una de ellas, Raminosa, puso sobre la mesa una propuesta de parcelas y un inmueble de nueva construcción para un intercambio. También se habló de una permuta con la ONCE y con el inmueble de la Xunta de Benito Corbal. En ninguno de los casos llegó a fructificar operación alguna y de hecho, los casos de la ONCE y de Benito Corbal permanecen "aparcados". La organización de ciegos llegó a firmar un convenio urbanístico con el Concello para construir su sede en A Eiriña y recalificar parte de sus terrenos entre Campolongo y Salcedo para unas 200 viviendas. La crisis ha dejado en el aire parte de esas cláusulas, si bien la ONCE se declara ahora dispuesta a ejecutar el vial principal de aquella pactada urbanización.
En cuanto a Benito Corbal, pasados los años desde su cierre por parte de la Xunta, el edificio continúa sin uso alguno. Las negociaciones para recalificar los terrenos y construir viviendas en su lugar están paradas por razones parecidas a las que alega el Concello para alertar de la complejidad de la sede de Hacienda. En ambos casos se trata de equipamientos que habría que reemplazar en otro lugar, además de habilitar zonas verdes y espacios libres a cambio de los supuestos beneficios que pudieran obtener el Estado y la Xunta con la obtención de suelo residencial en pleno centro urbano. La crisis tampoco juega a favor de estos planes.
