La intención del Gobierno del Estado de elaborar una norma específica que regule el alquiler de pisos turísticos en época vacacional ha sido bien recibida por los hosteleros e inmobiliarias en una localidad como Sanxenxo en la que se calcula que este negocio mueve varios millones de euros al año, la mayoría en dinero que nunca se llega a declarar ante Hacienda.
Las cifras que se conocen solo permiten modelar una idea aproximada del jugoso negocio que suponen los alquileres vacacionales en el destino turístico por excelencia de las Rías Baixas. Los últimos datos del INE señalan que en Sanxenxo solo 5.800 de sus 16.900 viviendas están habitadas todo el año. El resto, 8.065 son segundas residencias y hay otras tres mil que están vacías. Inmuebles susceptibles de ser alquilados. Y las circunstancias específicas del municipio sanxenxino provocan que los propietarios de los inmuebles prefieran el alquiler vacacional al anual, sobre todo teniendo en cuenta que en agosto se llegan a pagar hasta 6.000 euros por vivir un mes en los apartamentos más exclusivos en primera línea de playa. La media se sitúa en los dos mil euros.
Desde la Inmobiliaria Tovar explican que es difícil calcular cuantas viviendas son alquiladas en verano en Sanxenxo, pero intuyen que "entre un 20 o un 30% de las viviendas de la localidad" pueden salir al mercado en cuanto llega la época estival. Desde este sector ven también con buenos ojos una iniciativa gubernamental que ponga orden en un mercado en el que ahora existe "un vacío legal impresionante". Las inmobiliarias son los intermediarios entre el cliente con el propietario y consideran que "es necesaria esta regulación, este tipo de viviendas que se alquilan por un mes o una quincena tendrían que estar recogidas como viviendas turísticas". Además, al igual que ocurre con los hoteles o los alquileres de apartamentos turísticos, consideran que deberían "contar con una categoría turística propia, al igual que los hoteles miden su calidad por estrellas o los restaurantes por tenedores, en el caso de los alquileres turísticos podrían distinguir su calidad o ubicación con un número determinado de llaves". A más llaves, más calidad.
En la Inmobiliaria Tovar consideran que una normativa específica contribuiría a regular mejor los precios, por ejemplo, en base a criterios de calidad. "Hoy en día el precio es una cuestión que se fija única y exclusivamente a criterio del propietario, lo que provoca que en ocasiones se lleguen a pedir auténticas barbaridades en comparación con los servicios y condiciones que ofertas".
Igual que los "furanchos"
En una línea parecida se expresa Francisco González, presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS). A la espera de conocer las líneas maestras de la normativa, González repite el mismo discurso que los hosteleros sanxenxinos ya defendieron con la polémica de los furanchos: "Nosotros no queremos que nadie cierre, y más en las condiciones económicas actuales, pero lo que pedimos para este tipo de alquileres vacacionales es una regulación clara como la que tenemos los servicios de hospedaje para sea una competencia leal", explica. "Sin hacer frente a inspecciones, sin normas ni planes de seguridad, sin infracciones, sin seguridad social ni impuestos, sin seguros en caso de accidente, sin una ley que obligue a estos inmuebles a colocar si quiera un extintor, entonces cada uno puede cobrar lo que le dé la gana", añade, "por eso lo único que pedimos es que esto no se quede en el limbo legal en el que está actualmente, sino que se legalicen y se sometan a un control y vigilancia".
En cuanto al impacto que este negocio sumergido puede tener en la localidad, Francisco González aporta otras cifras esclarecedoras: "Si oficialmente somos 18.000 los que vivimos aquí todo el año y a eso le sumas las más de 14.000 plazas hoteleras que tenemos, sumamos 32.000; ahora la pregunta es ¿dónde se meten el resto hasta sumar las más de cien mil personas que somos en verano?".
