La Universidad de Vigo logró reanudar ayer a puerta cerrada y entre fuertes medidas de seguridad el Consello de Goberno reventado el jueves por las protestas de profesores asociados y alumnos contra la aplicación del denominado "decreto Wert". Personal de seguridad privada del campus blindó una sesión en la que se acordó destinar 1,7 millones de euros este año a la línea de ayudas a la investigación. La decisión de limitar el acceso al público derivó una denuncia en el juzgado
De los 1,7 millones de euros establecidos en este capítulo, un 69% se - a ayudar al personal en formación a través de becas de aprendizaje y colaboración en centros de investigación, contratos predoctorales y ayudas de movilidad para investigadores predoctorales y posdoctorales. "Se incide en el equilibrio entre ámbitos de conocimientos de forma que los mejores candidatos de cada ámbito puedan ser adjudicatarios", precisó la vicerrectora de Investigación, Asunción Longo.
La Universidad también hizo hincapié en la puesta en marcha de un Plan de Internacionalización Lingüística con el que se pretende dotar a la comunidad universitaria de mayores competencias y se abre el camino para implantar la docencia en inglés en diversas materias de las titulaciones que se imparten e incluso de titulaciones completas.
Denuncia
La protesta de profesores y alumnos contra la aplicación de los ajustes del denominado "decreto Wert" en la Universidad de Vigo acaba en el juzgado de guardia. Trece estudiantes y tres docentes presentaron una denuncia por la reanudación del Consello de Goberno a puerta cerrada. El PDI laboral, la plataforma de profesores asociados y representantes del alumnado consideran que se incumplió el régimen interno de este órgano que declara las sesiones "abiertas a los miembros de la comunidad universitaria" y solicitaron la mediación del presidente del Tribunal de Garantías, Argimiro Rojo. Por su parte, la Universidad defiende que fue necesario "recurrir a los servicios de seguridad del campus para garantizar el trabajo de un órgano democrático en el que están representados todos los sectores de la comunidad universitaria".
El rector, Salustiano Mato, abrió la sesión advirtiendo de la obligatoriedad de aplicar el Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público. Los profesores asociados prevén el despido de más de 200 personas al incrementarse la carga lectiva de los docentes funcionarios y exigen su retirada. Pero en contra de su petición, Salustiano Mato recordó ayer que "las universidades españolas están sometidas a una auditoría y para evitar a medio plazo la intervención de la hacienda pública es necesario tener las cuentas saneadas y acatar las normas vigentes".
Honoris causa
El representante sindical del PDI en el Consello de Goberno, Bienvenido Díez, se hizo eco de dos comunicados emitidos por el comité de empresa PDI laboral de Pontevedra en el que solicitan la retirada del doctor honoris causa a Julio Fernández Gayoso, petición presentada por Rocío Barreiro en el anterior Consello de Goberno. En el segundo texto muestran de nuevo su desacuerdo con la aplicación del "decreto Wert" realizada por la Universidad.
