Unos beneficios consolidados de 43 millones de euros, un 4% más que los obtenidos en el ejercicio 2011; unas ventas de celulosa de más de 1,2 millones de toneladas, el 1,3% más que el año anterior; que reportaron ingresos por valor de 597 millones de euros; un negocio energético sustentado en la biomasa al alza; una apuesta por la compra directa de la madera al propietario unido a una exitosa venta del patrimonio forestal de Uruguay que generó 77,3 millones de dólares o una emisión de bonos de Ence de 250 millones de euros en el mercado internacional agotada. Fueron algunos de los hitos del ejercicio 2012 expuestos ayer por el presidente del Grupo Ence, Juan Luis Arregui, a la junta general de accionistas de la compañía que aprobó el reparto de un dividendo equivalente al 7% (0,07 euros brutos por acción y una retribución complementaria de una acción por cada 25 acciones en circulación). Esta rentabilidad "ha hecho posible que Ence haya sido seleccionada para formar parte del Ibex Top Dividendo.
Arregui aludió durante su intervención, directamente, a la fábrica de Lourizán, de la que destacó que es "un referente mundial en materia de gestión ambiental·" y en esta línea enmarcó actuaciones en marcha como: el plan corrector del impacto oloroso, el concurso internacional de arquitectura para corregir el impacto visual y su compromiso social con el entorno. "Una actividad industrial necesita la mejor integración con su entorno social, algo que conseguiremos si nos convertimos en un buen vecino, lo que nos llevará a ser mejor percibidos y plenamente aceptados" explicó el presidente, que puso de ejemplo de esta apuesta su apoyo a actividades culturales y sociales.
Juan Luis Arregui aprovechó su intervención ante la junta de accionistas para cuestionar los cambios regulatorios de las energías renovables decretados por el Gobierno por lo que, según su análisis, supondrá de "freno" al desarrollo de nuevos proyectos de biomasa y pidió al Gobierno que "no deje pasar la oportunidad de creación de empleo que la biomasa supone para España" por lo que le instó a "levantar la moratoria" a la generación de energía con este material. En esta línea el consejero delegado Ignacio Colmenares cifró que "la construcción de los 736 MW pendientes del Plan de energías renovables supondría la creación de más de 13.500 nuevos empleos, sobre todo rurales, así como unos ingresos y ahorros superiores a los 670 millones anuales para las administraciones públicas, frente a unos costes máximos de 530".
