El informe elaborado por APE-Galicia incluye un perfil de los "defraudadores", si bien en él entra una amplia variedad de personas, ya que se detalla que "los miembros de las diferentes asociaciones profesionales de varios sectores coinciden en que suelen ser personas con otros empleos, funcionarios y personas desempleadas". Más concretos son sus conclusiones a la hora de ubicar esta "economía sumergida" ya que la "mayoría de estas actividades clandestinas se ejercen en el bajo de domicilios particulares, en lugares de difícil acceso y por lo tanto la capacidad de inspección se reduce drásticamente".
El documento hace referencia a informes del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, que cifra entre un 20 y un 25% del PIB el impacto de este fenómeno, al nivel de países de Grecia e Italia y por encima del 15% de la media de los países de la OCDE. Los autónomos se quejan de que "uno de los problemas estructurales es que hasta un 37% de los ciudadanos, según la misma fuente, justifica estas actuaciones y existe una acusada tolerancia por parte de la sociedad con prácticas habituales que favorecen la economía sumergida, como pedir arreglos sin IVA, llamar a personal no cualificado, trabajos alegales o adquirir productos en comercios irregulares".
