Derribar el actual edificio de más de 6.000 metros cuadrados para reemplazarlo por un inmueble de apenas 1.300 metros con capacidad para una docena de viviendas, lo que supone reducir su edificabilidad actual en un 80% para ajustarse al Plan de Urbanismo. Con estas premisas, la Xunta de Galicia ha optado por interrumpir, al menos temporalmente, las negociaciones para recalificar su antigua sede central en Pontevedra, en la calle Benito Corbal, ya que con esos números la operación sería ruinosa, añadida a la crisis del mercado inmobiliario.

A punto de cumplirse cuatro años desde que el edificio de delegaciones autonómicas cerró sus puertas, con el traslado de todos los departamentos a Campolongo, todavía está sin resolver el destino definitivo de todos aquellos inmuebles que quedaron vacíos, si bien en la mayor parte se mantienen usos más o menos provisionales. Salvo en Benito Corbal, cuya recalificación se barajó en los años de bonanza económica como fórmula para financiar el complejo de Campolongo, inaugurado a finales de 2008.

La propuesta lanzada por el Concello para recalificar ese solar de 789 metros cuadrados entre Benito Corbal, Lepanto y Javier Puig recuerda que cualquier operación de este tipo debe llevar aparejada una reserva de suelo para equipamientos y espacios libres, Y en este caso, esos usos ocuparían casi todo el espacio disponible. Para espacios libres habría que reservar 432 metros cuadrados y para equipamientos, alrededor de 186. Esto dejaría una exigua parcela de 140 metros cuadrados para un edificio residencial de bajo y siete alturas, donde apenas cabrían dos viviendas por planta, no más de quince en total, más un bajo comercial.

Así se pone de manifiesto en un informe urbanístico elaborado por el Concello. En él se admite sin ambages que esta solución no sería rentable, de ahí que haya quedado en suspenso. Se apunta una segunda opción, tampoco factible a día de hoy, que consiste en trasladar todas esas reservas para equipamientos y espacios libres a otra propiedad autonómica que también habría que recalificar. Todos los ojos apuntan a la antigua sede de la Consellería de Sanidade y el vecino centro de menores Avelino Montero. Se trata del único recinto urbano cuya extensión permitiría pensar en una operación de este tipo, pero, al contrario que en Benito Corbal, este inmueble sí ha sido reaprovechado por la Xunta con diversas dependencias. Por ello, el camino para solventar el futuro de las viejas sedes autonómicas sigue bloqueado, cuatro años después.

Otros casos

El caso de Benito Corbal es, en realidad, el único con cierta urgencia, dado el aparente abandono que presenta. En el resto de los casos hay algún tipo de aprovechamiento más o menos provisional. El antiguo inmueble de Educación en Montero Ríos es el único con el destino resuelto. Pasó en su día a manos del Concello, que lo entregó después a la Diputación a cambio de financiar el puente de Monte Porreiro. Michelena 30, donde se encontraba Facenda, es la actual sede municipal, y Sanidade continúa con unos usos similares.

Hace un año, la Xunta y el Concello realizaron un intento de aclarar todo este puzzle, pero el panorama inmobiliario y urbanístico ha dado al traste con cualquier solución.