Tres de los cuatro despedidos de la Cámara de Comercio de Pontevedra -Augusto Aláez, Cristina Montenegro y Francisco Javier Fernández- han decidido mantener una misma estrategia a la hora de reclamar, en el juzgado de lo Social, la nulidad de sus respectiva rescisiones laborales que ellos atribuyen a "una represalia" por haber denunciado, primero ante la Xunta y después ante la Fiscalía, la existencia de supuestas irregularidades en la gestión cameral y por poner en entredicho la legitimidad de algunos cargos.

Esta estrategia conjunta los lleva a demandar a la entidad como "empleadora" y, de manera individual, a todos y cada uno de los miembros del comité ejecutivo que avaló los despidos y que entonces presidía en funciones Antonio Gómez Rivera.

La primera vista oral se celebrará en el juzgado de lo Social numero 4 de Pontevedra en los primeros días de mayo y para entonces tendrán que sentarse en el banquillo, en su condición de demandados, el citado Antonio Gómez Rivera (que dejó el cargo por jubilación el 1 de febrero); Manuel Durán Tenorio; José Manuel Seoane (sustituido, al estar jubilado, por la empresa que lo nombró), Enrique Folgar Hervés, Francisco Lorenzo Lemos (que será baja a corto plazo), José Manuel Torres García (que se dio de baja hace dos semanas por cuestiones personales), Patricia Fernández Taboada y Francisco Javier Lorenzo González.

El objetivo perseguido por los tres despedidos es que los restituyan en su puesto de trabajo, de ahí que la demanda planteada sea de nulidad. Una improcedencia no les garantiza el regreso ya que la empresa, en este caso la Cámara, podrá optar entre la readmisión o el pago de una compensación.

Sin embargo este objetivo no es óbice para que también reclamen a los miembros del anterior comité ejecutivo -la elección el pasado 21 de febrero de Eduardo Barros como vicepresidente, con atribuciones de presidente abrió una nueva etapa- una indemnización al considerar que son responsables directos, al haber avalado las rescisiones de los contratos, de una vulneración de derechos fundamentales, en tanto en cuanto entienden que "no existen razones objetivas" para que hubiesen prescindido de sus servicios, solo una "clara intención represora" por haber puesto el foco de atención sobre una gestión y unas relaciones comerciales que consideran irregulares. Esta misma interpretación fue trasladada en una denuncia presentada en Fiscalía y que está siendo evaluada.