La "apabullante personalidad" y su amplio conocimiento jurídico fueron la base del engaño con el que el abogado Franco Argibay habría estafado 730.000 euros. Así lo cree que el fiscal Juan Carlos Aladro, que ayer elevó a definitiva la petición de 14 años de cárcel por un delito de estafa continuada. Son 24 meses más que la suma de las peticiones que hicieron desde las dos acusaciones particulares. El juicio, tras tres días, quedó visto para sentencia justo después de que la defensa solicitase la libre absolución o, en su defecto, la libertad provisional hasta que el Tribunal Supremo lo confirmase.
La Fiscalía cambió en esta última sesión del proceso la calificación inicial de delito de estafa por el de apropiación indebida, por lo que pide una pena de 14 años de prisión, al considerar "suficientemente demostrado" que el acusado era "consciente de su intención de apoderarse y obtener los bienes" de los denunciantes. En cualquier caso, la solicitud de pena de cárcel es por el mismo período que en las peticiones iniciales. Durante la más de dos horas de este último día de vista oral comparecieron ante el tribunal, inspectores, tasadores y peritos, renunciando las partes a la comparecencia de siete testigos.
Así, el inspector de la Agencia Tributaria que declaró concluyó que el imputado creó un entramado de sociedades que "de repente" contaban en su patrimonio con bienes inmobiliarios "que en un momento dado desaparecían sin generar beneficios". A la luz de este informe el ministerio público destacó que había empresas "en un número sorprendente", un total de diez sociedades directamente vinculadas con esta causa. La razón estaría clara para Aladro: "Son empresas que aparecen y desaparecen, a beneficio de inventario". También testificaron varias personas que en algún momento tuvieron relación profesional con alguna de las empresas de Franco Argibay y que firmaron ante notario como testigos de distintas compraventas de inmuebles sin tener un conocimiento claro del negocio en el que estaban participando, según manifestaron.
El enjuiciado, que reiteró ante el tribunal que era "inocente" y que estaba allí para "decir la verdad" resopló y negó con la cabeza en varias ocasiones mientras escuchaba el alegato final del fiscal. Éste subrayó que el acusado era "consciente de su intención de apoderarse y obtener los bienes" de los denunciantes. Y para ello aludió a sus características personales. Por ello dijo que las víctimas de la estafa fueron "atraídos por ser -el acusado- un hombre conocido, con gran impronta, como demostró durante esta vista, y una gran personalidad, casi apabullante".
Los denunciantes, el constructor José Rodríguez y su madre (defendidos cada uno por un letrado), reclaman en total 12 años de prisión. Sus respectivos abogados incidieron en la idea de que Franco Argibay se aprovechó de sus clientes, valiéndose de sus desconocimientos jurídicos. "¿Cómo se va a despojar alguien de un patrimonio de 500.000 euros?", se preguntaba uno de ellos, apuntando que a cambio no habría recibido prácticamente nada.
Por su parte, el defensor, Manuel Romay, pidió la libertad para su cliente. En caso de que el tribunal lo encontrase culpable, solicita la libertad provisional en espera de la resolución del Supremo, al que implícitamente avanzó que recurriría un posible falló en contra. "Los hechos son de una claridad meridiana", expuso reiterando la inocencia. También expuso que los denunciantes acudieron al acusado por que sabían que "tenía liquidez."
Los denunciantes, "no tenían intenciones sanas"
El fiscal considera culpable de estafa a Francisco Argibay, pero no por ello da por buena la actitud de los denunciantes. De hecho, en su alegato fina, dijo sobre ellos que "no tenían intenciones sanas". De hecho, en su exposición indicó que convenció a los denunciantes para que pusiesen a su nombre diferentes propiedades, como mecanismo para lograr diferentes propósitos como desalojar a un inquilino molesto, o pagar menos impuestos. El problema es que estos bienes, según la acusación, nunca fueron devueltos a sus legítimos propietarios.
Aladro recordó el popular dicho de "quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón", pero recordó que "aquí estamos en un juicio" y que, por lo tanto, "quien roba a un ladrón es otro ladrón". La idea de que los denunciantes perseguían fines no precisamente lícitos en su acercamiento a Franco Argibay también fue argumentada por el abogado de la defensa.
De hecho, Manuel Romay recordó que su defendido estuvo implicado en la Operación Cormorán de blanqueo de capitales procedentes de la droga, algo ya juzgado. A este respecto puntualizó que en determinados círculos era conocido que Franco Argibay poseía liquidez y ese fue el "reclamo" por el que las partes denunciantes habrían requerido los servicios del letrado ahora encarcelado. Durante la vista se hizo referencia en más de una ocasión a los problemas económicos que sufría el empresario constructor a finales de los años 90.
