Responsables del cuartel General Morillo y directivos de la Comunidad de Montes de Salcedo se reúnen esta mañana, por primera vez tras la sentencia judicial que el pasado 27 de septiembre reconocía la titularidad vecinal de los terrenos que ocupa la base de la Brilat. El objetivo de este encuentro es pactar el uso compartido de los montes que parcialmente utiliza el Ejército, pero que los vecinos también quieren recuperar en beneficio de la parroquia.

La directiva de la Comunidad de Montes de Salcedo, que preside Fernando Pintos, presentará cuatro puntos concretos, imprescindibles para un principio de acuerdo con los nuevos jefes militar de la base. Se trata de que el Ejército asuma que los comuneros quieren poner en valor su monte (desde el punto de vista económico, medioambiental, social y cultural), una plan de reforestación con frondosas, la recogida y canalización de aguas pluviales de la base militar, y el traslado del campo de tiro y de minas a una zona del monte que cause las menores molestias posibles a los vecinos. El nuevo campo de entrenamiento se proyecta ya a unos tres kilómetros de los barrios habitados, por lo que cuenta con la aceptación de los vecinos.

Los comuneros acuden a la reunión con la confianza que les otorga un primer fallo judicial favorable, si bien la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Pontevedra no es firme y es susceptible de recurso por parte del Ministerio de Defensa. Aún así los comuneros confían en que las sucesivas sentencias también les darán la razón, dada la jurisprudencia existente en esta cuestión, por lo que esperan que el Ejército se avenga a pactar el uso del monte de ahora en adelante, para evitar conflictos como los vividos hace unos dos años entre militares y vecinos.

Si bien los comuneros aprecian un cambio de actitud en los responsables de la base militar respecto al trato con los vecinos, no cederán en la reivindicación de sus derechos como propietarios de los terrenos que ha venido ocupando el cuartel.

La comunidad de montes no cuestiona la permanencia de la base en los montes de San Martiño, pero exige algunas rectificaciones por parte del Ejército, como el desmantelamiento de la "aldea afgana" y del "poblado urbano" construidos en el lugar de Armada.

Una sentencia firme en el mismo sentido que la primera supondría para el Estado la obligación de desocupar, o bien expropiar por la fuerza, los terrenos afectados.

Los comuneros, aún siendo propietarios del monte ahora con reconocimiento judicial, no tendrían capacidad para expulsar al Ejército de su terreno, porque se trata de una administración que está cumpliendo un servicio público, si bien en terreno privado.