Solicitan entre 3 y 4 años de prisión para cinco acusados de explotar a inmigrantes

Las víctimas realizaban labores de carga y descarga de pollos en granjas de la provincia por la noche, a oscuras, durante once horas seguidas, seis días a la semana y con un salario precario

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Los acusados durante la vista celebrada en el Penal 1 en Parda que finalmente se suspendió.  // R. Vázquez
Los acusados durante la vista celebrada en el Penal 1 en Parda que finalmente se suspendió. // R. Vázquez 

C. GARCÍA - PONTEVEDRA Cinco personas procesadas por su supuesta vinculación a una red de explotación de inmigrantes se sentaron en el banquillo del juzgado de lo Penal 1 de Pontevedra acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el juicio previsto para ayer tuvo que ser suspendido hasta el próximo 23 de noviembre por la incomparecencia de varios testigos, en su mayoría víctimas de esta trama que supuestamente utilizaba a estos extranjeros sin papeles como mano de obra barata en labores de carga y descarga de pollos en granjas avícolas de toda la provincia.
De las cinco personas imputadas, el fiscal señala como cabecilla a Jorge Ignacio L. M., quien, según el escrito de acusación, "ejercía la jefatura" del resto de los imputados, "recibiendo los encargos de los diferentes mataderos y granjas, distribuyendo el trabajo de carga y descarga ente los distintos equipos" y "liquidando la cantidad a pagar a cada uno de ellos con los respectivos jefes intermedios –los otros cuatro acusados– previa detracción del correspondiente porcentaje que se quedaba él".
Supuestamente, él mismo llegaba a dirigir en ocasiones "la contratación de los integrantes de cada grupo de trabajo, a cuyos jefes les daba indicaciones acerca de los extranjeros irregulares que había que contratar" e incitándoles, dice el fiscal, a contar los servicios de trabajadores sin permiso de trabajo "para incrementar los beneficios". Asegura el Ministerio Público que José Ignacio L. M. no sólo era consciente de las condiciones en las que trabajaban estos "sin papeles", sino que además era él mismo quien "ejercía auténticas facultades disciplinarias sobre los mismos, castigando sin trabajo y, por tanto, sin salario, a los equipos que habría sufrido una muerte elevada de animales en la carga anterior".
El fiscal reclama una pena de cuatro años de prisión y multa de unos 14.400 euros para el supuesto jefe de la red.
En un nivel inferior se encontraban, dice el escrito de acusación, el resto de los implicados, Mohamed M., Mercedes P. M., María Nieves T. C. y Mohamed I. que lideraban los respectivos equipos de trabajo. Así, el 31 de mayo de 2006 se llevó a cabo una redada conjunta en tres granjas en las que estaban actuando los diferentes equipos de trabajo. Entre las 22.30 y las 22.50 horas agentes de la Brigada de Extranjería y de Inspección de Trabajo se personaron en avícolas de Silleda, Cambados y O Rosal en donde fueron detenidos los imputados y se localizó a ocho extranjeros en situación irregular, sin permiso de trabajo y que prestaban sus servicios para las empresas de los imputados. Estos cuatro acusados se enfrentan a una petición de pena de tres años de prisión y 5.400 euros de multa.
Según la acusación pública, los imputados venían contratando de forma habitual a trabajadores extranjeros "sin papeles" quienes desarrollaban su labor "en condiciones de explotación laboral". Supuestamente, las víctimas trabajaban "todos los días de la semana salvo los sábados, en horario nocturno que se extendía habitualmente durante al menos once horas, sin periodos de descanso durante la jornada" (10 ó 15 minutos a lo sumo entre carga y carga), un trabajo que se desarrollaba en completa oscuridad, y condiciones salariales "sensiblemente inferiores a las convencionalmente establecidas".

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