Monte Porreiro rechaza el pacto de Pueblo Gitano y cinco vecinos declaran ante el juez

Los vecinos de Monte Porreiro se mostraron ayer "sorprendidos" ante la propuesta que lanzó el presidente de la Asociación del Pueblo Gitano, Sinaí Giménez, para retirar las acciones legales que están en marcha contra ellos a cambio de que los residentes en este barrio pontevedrés acepten el regreso de la familia a la que se le adjudicó una vivienda en la calle Portugal y cuya chabola de O Vao está amenazada de derribo.

Ángel Mario Lago, portavoz de la asociación vecinal "O Mirador", aseguró ayer que "no entraremos a valorar" la propuesta de pacto realizada por Sinaí Giménez ya que no lo consideran "un interlocutor válido". Le recriminó que utilizase esta oferta a modo de "chantaje", justo el mismo día en el que los vecinos imputados por presuntas coacciones a las familias gitanas acudían a los juzgados de A Parda a prestar declaración. Un "chantaje" al que dicen que no cederán.

Mario Lago recalcó que, con esta manera de proceder, Sinaí Giménez "demuestra que es él quien utiliza las administraciones a su antojo, en virtud de sus intereses" y le recordó que fue él mismo quien acudió ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial para interponer una denuncia que ahora, por su cuenta, estaría dispuesto a retirar, sin tener en cuenta la opinión del Ministerio Público. En este sentido, cabe destacar que, aunque Pueblo Gitano retirase la denuncia, las diligencias previas que están en marcha nacen a raíz de una imputación realizada por Fiscalía, un órgano sobre el que, explican los vecinos de Monte Porreiro, Sinaí Giménez no tiene potestad.

Por este motivo, Mario Lago cree que la "sorprendente" propuesta que realizó Sinaí Giménez a través de los medios pudiera ser un síntoma de que "piensa que su propia denuncia no tiene mucho fundamento, cuando ahora nos propone un pacto".

Asimismo, le recuerda que "Sinaí Giménez sabe que ya hay una mesa de concertación en la que participa la administración para tratar de de buscar una solución para esta familia de O Vao cuya chabola quedó pendiente de derribo", una orden que deberá ser ejecutada en el plazo de un mes.

De cualquier forma, los directivos de O Mirador están dispuestos a trasladar la propuesta realizada por el presidente de Pueblo Gitano a la asamblea, "aunque dudo que la acepten, porque los ánimos que hemos recogido esta mañana nos dicen todo lo contrario", señala el dirigente vecinal.

Apoyo vecinal

Lago realizaba estas declaraciones a las puertas del edificio judicial de A Parda en donde él y otros cinco vecinos de Monte Porreiro estaban citados a declarar por las manifestaciones que realizaron a los medios y las movilizaciones que se llevaron a cabo en contra del realojo de las familias de O Vao. Señalaron que, al contrario de Giménez "que siempre aparece en los medios por algún tipo de conflicto", los vecinos de Monte Porreiro "estamos dispuestos a acatar la ley". Dicen estar seguros "de que no hemos cometidos ningún tipo de infracción" y que por eso no tendrán ningún tipo de castigo, "ni sanción económica, ni mucho menos penas de cárcel".

Apoyados por un grupo de vecinos que portaban una pancarta con el lema "Monte Porreiro somos todos", los cinco imputados por Fiscalía por presuntas coacciones a las familias gitanas entraron a prestar declaración ante la titular del juzgado de Instrucción número 1 de la capital. El primero en comparecer ante el magistrado fue Mario Lago y sus sensaciones después del interrogatorio fueron "muy buenas".

Tan sólo no acudió a su cita en los juzgados de A Parda un sexto imputado, Antonio Palomares, natural de Badajoz, a quien los vecinos apenas conocen y que desde hace unos dos meses ya no reside en Monte Porreiro. Pese a que las asociación intentó ponerse en contacto con él, no fue posible y desconocen si el juzgado llegó a poder entregarle la citación. Es al único de todos ellos al que le imputan insultos contra las familias gitanas.

Lago aseguró que la magistrada realizó preguntas cortas y muy concretas sobre los hechos que rodearon las manifestaciones de los realojos: "le dijimos que era mentira que cortásemos la luz de las viviendas de los realojados o impedido el libre acceso o salida de las mismas".

Lago añadió que "en todo momento se protestó contra las administraciones y la decisión que habían tomado, no contra las familias en sí o contra ningún colectivo por razones de su raza". Añaden que siempre pusieron en contacto de las administraciones la realización de las movilizaciones y que éstas estuvieron "siempre vigiladas por la Policía y su papel se limitó a ser meros espectadores", dijo Lago. También negó que se hubiera incitado a la violencia. Después de Ángel Mario Lago declararon el resto de imputados, José Manuel Dopazo, Ana Darrosa Aboal, Isabel Noceda y Carmen Caramés, en comparecencias que todavía fueron más cortas que la protagonizada por el dirigente vecinal. Ahora deberán esperar a ver cual es la decisión de la juez, si sigue adelante con el proceso o lo archiva.

La jornada dejó una mala noticia para los vecinos de Monte Porreiro al conocerse que una séptima persona ha sido citada a declarar el 8 de julio imputada por el conflicto de los realojos, en este caso por los incidentes ante el Concello de Poio tras un pleno.