La decisión del Concello de Ourense de reducir el servicio de protección que venía prestando a víctimas de violencia de género está directamente relacionada con las limitaciones que tiene en la actualidad la plantilla de la Policía Local, que según los últimos datos necesitaría en torno a 60 agentes más para poder asumir todas las competencias que tiene, tanto directas como aquellas derivadas de convenios de colaboración con otras administraciones.

Es el caso del acuerdo marco de colaboración suscrito entre los tres cuerpos policiales con presencia en la ciudad para proteger a las mujeres víctimas de la violencia de género. La realidad a día de hoy es que la Policía Local tuvo que delegar la vigilancia de las que se conocen como "víctimas no apreciables" o "de grado bajo ", que en su momento le habían sido asignadas en función del reparto realizado, y que ahora asumen tanto la Policía Nacional como la Policía Autonómica.

Así, de las 55 mujeres que tenían asignada la protección, aunque llegaron a ser más, la Policía Local pasó a 20, según reconocía ayer a FARO el concejal de Seguridad, Carlos Campos, y advertía que la situación "se comunicó en una de las últimas reuniones de la Junta de Seguridad Local de Ourense", lo que provocó una reestructuración del operativo, al tener que asumir los otros dos cuerpos de seguridad esa protección.

La justificación dada por Campos es la "falta de personal", una plantilla de la Policía Local que viene sufriendo en los últimos años una importante merma de efectivos, sin que se llevasen a cabo reposición de efectivo, ni se convocasen nuevas plazas, y que en el servicio que se prestaba también influye otra serie de incidencias.

Sobre esta cuestión el responsable del área municipal de Seguridad y Tráfico reconoce que de los cuatro funcionarios que forman parte del mismo, en estos momentos quedaron dos, a los que resulta imposible atender el número de personas que requieren algún tipo de protección.

En este sentido, Carlos Campos señala que a la jubilación de uno de ellos se le vino a sumar una baja prolongada de otra funcionaria, por lo que a la precariedad de efectivos es mucho mayor, con la imposibilidad de poder suplir esas carencias, toda vez que "no contamos con personas cualificadas en está materia", explica Campos.

Una referencia directa a las propias características que tiene, junto con todo el proceso que se sigue en los expedientes, derivados de decisiones judiciales para la protección de víctimas de malos tratos.

De ahí que en los últimos meses se fuese comunicando por parte del concello la imposibilidad de asumir ese cometido, lo que llevó a que la Policía Nacional se debía hacer cargo, a mayores de los que tiene en la actualidad, que está por encima de los cien, aunque contará para ello con la colaboración de la Policía autonómica, como afirmó Campos, según lo que se acordó en la Junta de Seguridad.

Pero aunque desde el concello se asegura, y a sí se puso de manifiesto en una reunión, que volverá asumir la protección de víctimas de violencia de género una vez se complete la plantilla, la realidad es que la Policía Local podría llegar a derivar todos los servicios de protección que venía realizando en los últimos años.