Una reclamación que fue una constante en los últimos años y que en estos momentos se encuentra en la vía judicial. La agrupación vecinal Miño mantiene la denuncia presentada contra el Concello por los "reiterados incumplimientos" de la empresa concesionaria de limpieza y recogida de basura, Ecourense, y que tiene un coste anual para las arcas municipales que supera los 10 millones de euros.
La presidenta de la agrupación Miño -que representa a 25 asociaciones vecinales del rural del municipio de Ourense- Lorinda Fernández, explicó a FARO que "seguimos adelante con la denuncia", aunque "tuvimos que empezar de nuevo, toda vez que el juez la rechazó por un defecto de forma". En concreto, por no haber sido refrendada en la correspondiente asamblea la decisión que tomó la junta directiva del colectivo vecinal de presentar la denuncia, que con posterioridad, y ante la resolución judicial, sí se hizo.
Sostiene Fernández que los "incumplimientos" por parte de la empresa de limpieza, sobre todo en lo que se refiere a los núcleos del rural, del pliego de condiciones técnicas, se siguen produciendo, como así lo ponen de manifiesto las quejas de las personas que residen en las mismas, además de aportar en su momento una amplia documentación, incluido un reportaje gráfico, de como se amontona la basura, no se realizan los baldeos como están establecido, y las frecuencias de limpieza se prolonga cada vez más en el tiempo.
Una situación que aseguran se agrava durante los fines de semana, en la que la imagen que se repite es como los contenedores no dan recepcionado toda la basura, que se termina por colocar a su alrededor, y con las altas temperaturas que se registran el mal olor se hace insoportable, como aseguran algunos de los vecinos afectados.
Medidas
El concejal de Limpieza y en estos momentos alcalde en funciones, José Araújo, que dice respetar la decisión de un colectivo vecinal, en este caso la agrupación Miño, de mantener la denuncia, pone de manifiesto que por parte del gobierno municipal se están tomando medidas ante esos "incumplimientos", que se traduce en reiterados descuentos en las facturas que presenta la empresa concesionaria.
Además de "exigir" un cumplimiento estricto del pliego de condiciones técnicas que fue el que determinó el concurso de concesión, Araújo explica que se le está "reclamando" a la propia adjudicataria del servicio "otras cosas", que en principio son objeto de discusión, y que para los colectivos vecinales están "muy claras en el pliego".
También alude el responsable de Limpieza, con el animo de justificar esos "desajustes", a que "se trata de un servicio complejo y amplio", pero el gobierno popular "trabaja para mejorar la calidad del servicio".
