La política fiscal del gobierno popular se convierte en otro foco de desencuentro con los grupos de la oposición. Así quedó patente en la reunión de la junta de área de Economía y Hacienda celebrada ayer, en la que tanto Democracia Ourensana como el grupo socialista se desmarcaron de la única propuesta de rebaja, en un 7%, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) -la conocida contribución- que volvió a defender la responsable de Hacienda, Ana Fernández Morenza.
Durante la reunión, la edil explicó a los grupos municipales el proyecto de rebaja del IBI hasta un 7% para el próximo año 2018. Una medida que para Fernández Morenza permitirá un ahorro de aproximadamente 1,6 millones euros a los ourensanos que tengan vivienda en propiedad en la ciudad, que se concreta con una rebaja del 5% en el tipo impositivo, así como 460.000 euros en aquellos que domicilien los recibos, al contar con una bonificación del 2%.
Con este planteamiento no está en total desacuerdo Democracia Ourensana, como así lo indicó su portavoz, Gonzalo Pérez Jácome, aunque lo considera "poco ambicioso", llegando a plantear una rebaja mayor, que se situaría en torno al 10%, aunque inicialmente habían propuesto el 20%, en el caso del IBI. Pero dejando claro que "se compensaría con la eliminación de gastos superfluos". En este sentido, aludía a los "complementos desorbitados" en los salarios de ciertos funcionarios, en el coste que supone el festival de cine, la banda de música, entre un "largo etcétera de cuestiones".
Un planteamiento que, asegura Jácome, "tergiversó" la concejala de Hacienda, ya que en el "audio remitido por el gabinete de Alcaldía asegura que solo nos ceñimos al festival de cine y a la banda de música", cuando son muchos más los "gastos que consideramos que se deben recortar para poder alcanzar un mayor porcentaje de rebaja en los impuestos que es lo que realmente le importa a los ciudadanos".
Revisión global
Por su parte, el portavoz socialista, José Ángel Vázquez Barquero, criticó la postura de la edil de Hacienda por entender que "sigue mareando la perdiz", en alusión a que "nuestra propuesta ya la expusimos en varias ocasiones, y que pasa por un visión global en la rebaja de la presión fiscal a los ciudadanos".
Vázquez Barquero hace referencia a que en septiembre del pasado año, durante una sesión plenaria, el grupo socialista reclamó un análisis global relativo a la rebaja que se podría acometer tanto en los impuestos municipales, como es el caso del IBI, como en los precios públicos, con una modificación.
Pero Barquero lamenta que Fernández Morenza "siga mareando la perdiz" y se centre única y exclusivamente en lo que afecta al IBI. De ahí que "no vamos entrar en ese planteamiento que hace".
Lo que también se abordó en la reunión de ayer, para avanzar en la reforma de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes e Inmuebles, fueron las alegaciones que presentó el grupo de Ourense en Común a finales del pasado año, cuando el gobierno popular pretendía rebajar un 5%, y que se quedó a medio camino, ya que el proceso administrativo impedía que entrase en vigor antes de 1 de enero de 2017.
Y aunque el portavoz de OUeC, Martiño Vázquez, reconoce que existen diferencias con la propuesta del gobierno municipal, destaca que en el nuevo texto se recoja el planteamiento realizado en una de las alegaciones presentada, como es que se aumente el período de bonificación para viviendas de protección oficial, mejorando las condiciones de pago por domiciliación del impuesto.
Así como añadir diferentes bonificaciones para fomentar la instalación de energías renovables en el Concello de Ourense. Además de defender que se reduzca el impuesto a aquellos inmuebles que constituyan objeto de proyectos de emprendimiento y creación de empleo. Para exigir que se bonifique por el nivel de renta el IBI, ya que "no tiene sentido bonificar por igual a Amancio Ortega que a una familia con una única fuente de ingresos".
El portavoz de OUeC reconoce que se trata de una propuesta que "requerirá un plus extra de trabajo por parte de los técnicos municipales", algunos de los cuales estuvieron presentes en la reunión de ayer, para su puesta en marcha. Lo que tiene claro es que "merece la pena".
Por otra parte, las propuestas que fueron rechazadas de plano por el gobierno popular están directamente relacionadas con "explorar" la posibilidad legal de "retirar la exención" a la Iglesia católica, así como "reducir" la bonificación a las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, de hasta un 90%.
