El jefe del grupo empresarial Las 5 Jotas, José Manuel Costas, lleva casi un año desaparecido desde que se dio a la fuga para eludir su ingreso en prisión por las condenas que acumula en relación al mayor fraude fiscal con facturas falsas detectado en Galicia, cuya empresa era el epicentro. Varios juzgados lo declararon en busca y captura y su ausencia sin resolver ha obligado a suspender varios juicios pendientes. El último, ayer, en Ourense. El empresario y un promotor están acusados de un delito urbanístico, contra la ordenación del territorio, por explanar una finca en Cea y construir muros de contención para ubicar un expositor de las casas de madera que comercializaba Las 5 Jotas.
A su ausencia se unió la de la perito de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que destapó la ilegalidad. La obra se hizo sin licencia en suelo rústico. La fiscal pide 1 año de prisión para cada uno, multa de 3.240 euros y 1 año de inhabilitación para cualquier oficio o profesión relacionados con la construcción.
Otros 2 juicios a particulares
La justicia sigue poniendo coto al urbanismo ilegal que, en muchas ocasiones, proliferó en la esfera local con aquella máxima del "Ti vai facendo". Ayer, en Ourense, la fiscal delegada de Medio Ambiente asistió en el Penal 2 de Ourense a la celebración de este y otros dos juicios por levantar edificaciones sin licencia. Dos, contra particulares.
Una vecina de Cortegada se conformó con 5 meses de prisión -la pena será suspendida- más una multa de 300 euros. El castigo se rebaja porque la mujer derribó el anexo construido en una vivienda unifamiliar. Lo derribó en mayo de 2016. Es una atenuante muy cualificada de reparación del daño. La edificación, con planta baja y una altura, fue construida sin licencia municipal ni autorización de la Xunta, en suelo rústico. Además, la vivienda está en situación de fuera de ordenación total, que solo permite obras de conservación.
También fue a juicio ayer una pareja, de 68 y 72 años, por levantar un cenador vinculado a la edificación principal que los encausados tienen en Padrenda. La construcción tiene una superficie de 45,5 metros y tiene una barbacoa, un horno y un mesado, con una chimenea para la salida de humos y tres fachadas abiertas. La fiscal acusa al matrimonio de hacer la obra "a sabiendas" de que carecían de licencia municipal y autorización urbanística de la Xunta. El cenador se levantó en suelo rústico y, según la fiscal, no es legalizable. Derribarlo costaría 3.832,65 euros, cantidad que la pareja ya consignó como fianza Tras no reconocer el delito se enfrentan a 1 año de prisión y multa de 3.240 euros.
