La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Ordenación Municipal de Monterrei, aprobado por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia el día 7 de febrero de 2014. El documento urbanístico se cae por la ausencia de acreditación de "disponibilidad de recursos hídricos".
El tribunal, en base a la jurisprudencia existente, admite que es posible la existencia de agua para el municipio e incluso su disponibilidad material, "pero, desde la perspectiva urbanística que nos ocupa -y en un obligado marco de legalidad- no se ha acreditado, ni en el informe, ni con cualquier otro medio de prueba, la disponibilidad jurídica de la misma, ya que en el momento de la aprobación del planteamiento no existía plena suficiencia y disponibilidad de recursos hídricos para el abastecimiento de agua al municipio de Monterrei".
En vista de estas circunstancias, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación formulado por Manuel Nieto Carballeda, Luis González González y Aurora Álvarez Dopazo contra la Orden de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, de 7 de febrero de 2014, por la que fue definitivamente aprobado el Plan General de Ordenación Municipal de Monterrei, publicada en el DOG del 19 de febrero de 2014 y en el BOP de Ourense el 21 de marzo de 2014.
La Sala declara la referida norma y el Plan General de Ordenación Urbana de Monterrei "contrarias al ordenamiento jurídico", por lo que ha procedido a su anulación.
El alcalde de Monterrei, José Luis Suárez Martínez, admite que esta resolución judicial ha sido "un importante varapalo, porque perjudica el desarrollo de varios proyectos, como la creación del Polígono Industrial de Monterrei, la expropiación del balneario de Requeixo y la actuación en el castillo de Monterrei".
José Luis Suárez Martínez lamenta la "represalia" tomada por tres particulares, que "han preferido que se vea afectada la generalidad, al ver que la Xunta no había aceptado su reclamación individual".
Los demandantes reclamaron inicialmente que se reconociera el carácter urbano de varios de sus fincas, petición que fue admitida por el Concello de Monterrei, pero que rechazó la Xunta, debido al carácter restrictivo que tiene, por no extender la superficie urbana en exceso.
Al ver que les habían denegado sus reclamaciones, los tres propietarios "intentaron buscar por todos los medios, la manera de tumbarnos el plan", indica el alcalde. Para lograr su objetivo, presentaron una batería de reclamaciones, entre las que se encontraba la falta de acreditación de recursos hídricos, estimada por el Tribunal Supremo, que ha tumbado el plan.
Recursos hídricos
El alcalde admite que "es posible que administrativamente no estuvieran acreditados los recursos hídricos, pero todos sabemos que los concellos rurales de la provincia de Ourense están perdiendo población". En ese sentido, indica que "la disponibilidad hídrica es más que suficiente" y que en la actualidad "ya tenemos legalizadas todas las captaciones de agua, pero en el momento que se aprobó el plan no las teníamos". Esa fue la razón por la que el Supremo ha anulado el documento de ordenación.
A partir de este momento, el urbanismo del Concello de Monterrei tiene que regirse por las normas subsidiarias de 1989, por lo que José Luis Suárez pide que la Xunta ponga los mecanismos necesarios para aprobar "un plan general express, de estos que permite la nueva ley del suelo". Pero la tramitación requiere un mínimo de dos años, por lo que mientras tanto intentarán sacar adelante unas Normas Provisionales, que tendría que aprobar la Xunta para desarrollar todas las actuaciones de carácter público. De esta forma, si se aprueban, las principales actuaciones "se demorarían unos meses".
