El grupo del Partido Popular sacó adelante en el pleno que celebró ayer la Diputación el cuarto expediente de modificación de crédito, en esta ocasión por una cuantía económica que supera los 2,7 millones de euros, y que contó con el rechazo frontal de los tres grupos de la oposición (PSOE, Democracia Ourensana y BNG). Los destinatarios son 51 concellos, que se repartirán más de 1,8 millones de euros, así como entidades y asociaciones de la provincia que desarrollan su labor en el ámbito social, cultural, deportivo, de infraestructuras y de promoción económica.
Fue un debate de corto recorrido, toda vez que los socialistas decidieron no participar en ninguno de los puntos del orden del día, pero sí votando cada uno de ellos "por responsabilidad", esgrimiendo que se "está cercenando el derecho a hacer oposición", en alusión al rechazo por parte del gobierno popular de admitir por vía de urgencia varias mociones en la Comisión de Transparencia para su debate plenario, como así lo trasladó nada más comenzar la sesión su portavoz Ignacio Gómez.
De ahí que los únicos que entraron al debate fuesen el diputado del BNG Ramiro Rodríguez, y el de Democracia Ourensana Pérez Jácome. El nacionalista dejaba claro que "se acabaron los expedientes de modificación, y van cuatro, que en conjunto superan los 15 millones de euros, lo que supone un 25% del presupuesto, ya que se quedaron sin remanente de tesorería", para acusar al gobierno popular de utilizar "este mecanismo de forma perversa", en alusión directa a los criterios que se siguen.
Sostiene Rodríguez que la modificación "bien puede ser considerada como subvenciones a dedo", y reprochar que no se tuviesen en cuenta las propuestas que realizaron, y que tenían como objetivo "evitar agravios comparativos entre concellos de la provincia", y proclamar que se trata de "repartir dinero de forma discrecional a concellos del PP".
Por su parte, Pérez Jácome, que aprovechó su intervención para colocar otras cuestiones ajenas al debate de la modificación, incluso con el anuncio de una presunta falsificación en documento público en el Concello de Ourense, que afectaría a una "persona próxima" al presidente de la Diputación, se limitó a decir que con las modificaciones "se pueden hacer lo que le dé la gana", además de denunciar la "incontinencia presupuestaria" del gobierno del PP, y acusar al presidente de "modificador precoz".
Una postura que fue criticada por parte del portavoz popular, Plácido Álvarez, que dejaba claro que "estamos hablando de obras para los ciudadanos de la provincia, no para los alcaldes", y advertir la contradicción en la que entraron PSOE y BNG, ya que votaron en contra de subvenciones a concellos en los que gobiernan esas dos formaciones políticas, y que deberán explicar.
Y a las descalificaciones de Jácome, la respuesta fue pedirle "respeto a la legalidad vigente", además de advertir que la modificación de crédito tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades que tienen los concellos.
Y lo que había iniciado el portavoz socialista con su denuncia por la actitud del gobierno popular sobre las mociones de urgencia que fueron rechazadas, llegando a manifestar que "a lo mejor se tienen que debatir en otras instancias -sin señalar cuáles--, y no es ninguna amenaza", se retomó al final del pleno con intercambio de criticas entre los otros tres grupos.
Así, Plácido Álvarez no dudó en denunciar "la falta de respeto a los ciudadanos", ya que "los grupos nunca tuvimos tantos medios para hacer nuestro trabajo", y a renglón seguido dar las cifras del coste que tendrán las dedicaciones exclusivas, los asesores y lo que reciben cada grupo durante el presente mandato: "el PSOE, algo más de 1 millón de euros; DO, por encima de los 500.000 euros, y el BNG, con un diputado, supera los 400.000 euros".
Una alusión que no gustó nada a los portavoces, y así Jácome le recriminó que no diese el dato del coste del PP, que según sus cuentas está en los 3 millones de euros, mientras que el diputado del BNG se limitó a señalar que "de votar la urgencia no había este circo mediático del que hablan". Por su parte, el portavoz socialista convocó al término de la sesión a los medios de comunicación para reiterar que los únicos responsables de la situación son el presidente Manuel Baltar y el PP por "mermar la legítima acción de fiscalización y control de la oposición".
En la sesión plenaria también se aprobó una condena del franquismo y sus símbolos, y animar a recuperar y dignificar la memoria de las víctimas. Así como solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para crear el Centro de Referencia para el castaño en el Concello de Riós.
