El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, ha matizado que la sala de lo civil y lo penal, de la que forma parte, "lo único que ha hecho es admitir a trámite la querella" en el caso del juez decano de Ourense y eso hace que sea "obligado" que vaya a declarar.
La semana pasada el TSXG acordó admitir a trámite la querella presentada por la exedil de Urbanismo de Ourense Áurea Soto y el abogado externo Carlos Hernández contra el juez decano de la localidad por la presunta comisión de un delito de prevaricación.
La sala de lo civil y de lo penal admitió el procedimiento contra el titular del juzgado de instrucción uno de Ourense, Leonardo Álvarez, aunque, según el fallo, ello no supone admitir que "sean constitutivos de delito ni de constatar ahora la concurrencia de los elementos del tipo del delito de prevaricación que, según el parecer de los querellantes, constituyen los hechos relatados".
Durante la presentación de la Escuela de Verano del Poder Judicial, Cadenas ha querido valorar el caso a los medios de comunicación, aunque forma parte de la sala y, aunque no es el instructor, le está "absolutamente vetado hablar sobre el tema".
"Quiero hacer una matización. Lo único que ha hecho es admitir a trámite la querella presentada. Recomendaría a todos que se leyeran con atención el contenido específico de ese auto en que se aclara el alcance, la decisión, el sentido que tiene la resolución de la sala", ha destacado.
"Una mera admisión a trámite"
Se trata, por tanto, de una "mera admisión a trámite" en la que reconoce que Leonardo Álvarez tendrá que declarar en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia: "El instructor ha resuelto en ese sentido, que por otra parte es obligado", ha añadido.
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Manuel Fernández ha comentado que no puede valorar "cuestiones concretas" y menos si están en un procedimiento, aunque ha recordado que "rige el principio de presunción de inocencia mientras que no se desvirtúe en un juicio".
Además ha reiterado que las 5.500 personas que son jueces en España son merecedores de que "su conducta se valore en términos muy positivos desde el punto de vista ético".
