Coincidiendo con la decisión judicial en firme que rechaza la nulidad de la Operación Patos -una macrocausa iniciada en un juzgado de Vigo sobre la presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos-, el magistrado que estudia la derivada ourensana del caso ha ampliado su investigación. En la ciudad de As Burgas la cifra de sospechosos se eleva ya a 7. El titular de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, acaba de dictar una resolución que prolonga las diligencias, citando a dos nuevos imputados y a dos testigos, tras los interrogatorios iniciales a dos funcionarios del área de Medio Ambiente y a tres representantes de Cespa Jardinería S. L., la filial del gigante Ferrovial que resultó ganadora, en 2013, de la adjudicación del servicio de mantenimiento y mejora de las zonas verdes públicas de la tercera ciudad gallega.
A fecha del jueves de esta semana, las citaciones aún no habían salido del juzgado, por falta de identificación del domicilio de alguno de los aludidos. Explica que la identidad de los nuevos investigados y de las personas llamadas a testificar no se haya hecho pública, para que los interesados sean los primeros en enterarse. Tampoco ha trascendido la fecha o fechas en las que tendrán lugar las declaraciones dictadas por el magistrado para seguir adelante con la rama ourensana de esta macrocausa. Si bien fuentes judiciales apuntan a que los interrogatorios serán este mismo mes.
La Operación Patos se vio condicionada en los últimos meses por recursos de las defensas en los que se instaba la nulidad de esta macrocausa. También lo plantearon abogados personados en la rama de Ourense. Las partes solicitaron la anulación de todo el proceso al ver nulos los "pinchazos", el hilo que, como en la operación Pokemon, sirvió a los investigadores para desentrañar la presunta trama.
Los letrados cuestionaron la inexistencia en las diligencias en papel de un auto clave: el controvertido documento de 30 de enero de 2013 que ordenaba las escuchas al teléfono móvil de Enrique Alonso Pais, el presunto cerebro de este caso.
Pero ni el juzgado de Instrucción 7 de Vigo, donde la magistrada María del Carmen García Campos inició esta causa en diligencias secretas en 2013, ni la Audiencia Provincial de Pontevedra han visto motivos para que ese defecto eche al traste todo el caso. Pese a no constar en el sumario físico, el tribunal no tiene duda de que el auto que ordenó las escuchas al teléfono móvil de Enrique Alonso Pais existe; su no incorporación a las diligencias fue por "mero error" u "olvido".
Esta resolución firme de la Audiencia de Pontevedra cierra el camino a los recursos ordinarios, dando un impulso a la continuación de la causa en los distintos juzgados gallegos a los que fue derivada por la primera instructora por cuestión de competencia territorial.
El informe de la UDEF
La investigación determina en Ourense si existieron delitos y contactos ilegales entre empresarios, funcionarios y políticos en la adjudicación en 2013 del cuidado de las zonas verdes y jardines públicos. Conforman la base de indicios cuatro cajas de la documentación requisada por la Policía en los registros en dependencias municipales, en febrero de 2014, así como un informe de 42 páginas -anexos aparte- de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, un grupo que tiene su sede en A Coruña.
Las escuchas nutren el grueso de las pesquisas que apuntan a la capital de As Burgas. Los agentes dedujeron de los 'pinchazos" supuestas influencias de la empresa Cespa con técnicos y políticos para condicionar la adjudicación de la concesión de parques y jardines.
A finales de 2013, el Concello resolvía a favor de la mercantil investigada. El contrato fue de 1,1 millones anuales. Cespa obtuvo 94,44 puntos frente a los 89 de la segunda clasificada, PAU, una filial del grupo Vendex, investigado por su parte en la operación Pokemon. La adjudicataria recibió 5 puntos sobre 5 posibles en el apartado de mejoras, mientras que ninguno de los competidores llegó al 1. Para la UDEF este apartado fue determinante y es para el que presuntamente directivos de la empresa recabaron información en fase de concurso para armar su oferta.
Los ya interrogados lo niegan
Los primeros investigados en la causa remitida a Ourense negaron ante el juez irregularidad alguna, según fuentes del caso. Prestaron declaración, hasta la fecha, tres representantes de la empresa, J. R. A. G., J. L. P. y A. C. G.; así como dos funcionarios del área de Medio Ambiente del Concello de Ourense, el jefe de servicio C. J. C. Á. y el jefe de Sección, G. G. V., que fue nombrado responsable del contrato.
El primero de los técnicos municipales, mientras estaba en trámite el proceso de adjudicación, viajó a un congreso a Málaga con los "gastos pagos" por la empresa. Los policías descartaron irregularidades en la tramitación del expediente. En cambio, "de las conversaciones telefónicas intervenidas se observan indicios de que la licitación pudo verse influenciada desde un principio para que finalmente recayese en la empresa Cespa". "Se ponen de manifiesto contactos e influencias, con invitaciones a eventos y viajes a gastos pagos incluidos, sobre las personas del área de Jardines de Ourense", dijeron.
Los funcionarios negaron ningún trato de favor a la empresa ni que Cespa condicionara el proceso de adjudicación. Según fuentes del procedimiento, el jefe de servicio calificó como "habitual" para su cargo los viajes a congresos costeados por las empresas -incluso a veces como ponente-, unas "expediciones" necesarias para mantenerse al tanto de las últimas novedades.
En el informe entregado al juzgado, la Policía también aludía a supuestos contactos e influencias con "la propia concejal del ramo", la exedil del PSOE Susana Bayo, y "además se constatan contactos entre altos directivos de Cespa y el propio alcalde", que en 2013 era Agustín Fernández. Los dos negaron a este diario irregularidades o trato de favor algunos en el proceso investigado.
