El primer ascensor exterior de Ourense pierde la subvención por incumplir el plazo de obra

Un conflicto judicial con los propietarios de varios trasteros paralizó durante meses los trabajos -El juez autorizó el elevador y la comunidad pide que ese tiempo no compute

10.05.2016 | 04:27
Las obras siguen su curso, desde ayer con una pancarta que exige una "solución". // Iñaki Osorio

Los vecinos del edificio número 2 de la Plaza da Cantiga, en el barrio de As Camelias, han desplegado una pancarta en la fachada para llamar la atención sobre la situación de "indefensión" en la que se encuentran ante la denegación por parte de la Consellería de Vivenda de la subvención que provisionalmente se había comprometido para la instalación de un ascensor en el exterior del inmueble de cuatro plantas. El primer elevador que se construye en Ourense para salvar los problemas de accesibilidad a los que se enfrentan los vecinos de los edificios antiguos que no tienen ascensor ni espacio en la zona común para instalar uno interior.

La ayuda fue tramitada a través de la oficina municipal de rehabilitación para intervenciones en el ARI Polvorín, Camelias e A Carballeira, y con fecha del 6 de febrero de 2014, la Xunta concedió la cualificación provisional a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Esta autorización previa dio alas a la comunidad de vecinos para contratar el proyecto con un presupuesto de 125.000 euros que sería financiado en un 75% por fondos comunitarios. La subvención quedaba supeditada a la ejecución de las obras y el plazo para que estas se llevasen a cabo era de siete meses. Todo iba sobre ruedas pero un conflicto judicial sobrevenido con los propietarios de varios trasteros bajo la plaza pública puso las piedras en el camino. La demanda fue planteada por los titulares de lo que se considera derecho de vuelo y, en el caso particular del ascensor, de los poco más de 11 metros cuadrados que ocupa en el exterior del edificio sobre la plaza pública.

De forma cautelar, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ourense ordenó la suspensión de los trabajos en junio de 2014 y el pasado mes de febrero resolvió a favor de la comunidad de vecinos autorizando la instalación del elevador. Es más, en su sentencia, al margen de otras consideraciones jurídicas en relación con el objeto de la demanda, el juez constata la necesidad de esta infraestructura para las personas que habitan en el inmueble, la mayoría pensionistas y personas con problemas de movilidad por su elevada edad que, de no disponer de este elemento, "se condenaría a estas personas al ostracismo más absoluto dificultando o incluso impidiéndoles salir a la calle y llevar a cabo una vida digna, al margen de las posibilidades que el progreso va poniendo al servicio del hombre". Sin ascensor, aquellos mayores con problemas de movilidad se verían apartados de la vida política y social, defiende la resolución.

Con esta sentencia en la mano y el auto del juez autorizando el pasado mes de marzo la ejecución provisional de la misma mientras no se resuelve la apelación presentada por los denunciantes ante la Audiencia, la empresa retomó las obras para finalizar el ascensor. Pero ya era demasiado tarde. A los pocos días de reiniciarse los trabajos, la comunidad recibió la notificación oficial de la Xunta con la denegación de la subvención por no haberse terminado la obra en el plazo establecido. Este documento cayó sobre los ocho vecinos del inmueble como jarro de agua fría, de afrontar la obra con un coste de 31.250 euros deberán asumirla íntegramente por los 125.000 presupuestados.

"Nos enfrentamos a la obra porque contábamos con esa ayuda", señala el presidente de la comunidad de vecinos, Victorino Álvarez Vázquez. Y ahora, a la ilusión inicial sobreviene la sensación de "desprotección", indica, "porque en enero, de palabra, en la Consellería de Vivenda nos dijeron que reiniciásemos lo antes posible la obra para no perder la subvención, y así lo hicimos pero tuvimos que esperar al auto judicial".

Desde este departamento autonómico reiteraron ayer que la ayuda para la instalación del ascensor se concedió en febrero de 2014 "con un plazo de ejecución de siete meses", y matiza que se trata de una ayuda del Área de Rehabilitación. Precisamente, apunta la consellería, el convenio en virtud del cual se concedió la ayuda "preveía financiar actuaciones en los años 2013, 2014 y 2015".

Finalizada la vigencia del convenio en diciembre del pasado año, las obras no estaban rematadas ni, por lo tanto, tenían solicitada la calificación definitiva, explica Vivenda. En conclusión, la ayuda fue denegada por el IGVS en febrero de 2016 "por incumplimiento de los plazos establecidos". Un mes antes de que se dictase esta resolución, la comunidad de vecinos solicitó la prórroga "pero incluso esa solicitud estaba ya fuera de plazos y era imposible concederla", confirma la Xunta.

Los vecinos anunciaron ayer que han interpuesto un recurso de alzada "esperando que la Consellería de Vivenda reconsidere su posición ya que el cómputo de plazos se interrumpe por orden judicial y ese dinero ya estaba reservado para esta obra". De hecho, se pregunta Victorino Álvarez "¿a dónde ha ido a parar ese dinero?". En su escrito, el IGVS explica que la financiación máxima prevista para actuaciones de rehabilitación en el ARI "tenían como fecha máxima de justificación el fin del ejercicio 2015". Los vecinos, por su parte, han consultado con varias asesorías jurídicas y despachos de abogados y aseguran que "el tiempo que la obra estuvo paralizada por orden judicial no debe computar".

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