Desde el mismo día de la detención del exjefe antidroga y de otro compañero, el principal sindicato de la Comisaría de Policía Nacional de Ourense, el SUP, defendió su inocencia, calificando de "desproporcionada" la actuación de la Unidad de Asuntos Internos. Con el juez restando credibilidad a la filtración de dentro que alimentó el caso, y separando la vía de las drogas de la inicial sobre la desaparición de seis armas; y sobre todo después del suicidio de un agente que se inculpó del robo y de la elaboración de los anónimos, los nuevos acontecimientos condicionan el futuro del frente de procesos judiciales (tres, que incluso podrían ser cuatro, en tres juzgados distintos, por ahora)

Hace unos días, antes de la muerte del presunto autor de los escritos a Asuntos Internos, todas las defensas solicitaron la nulidad de la Zamburiña, alegando que el pinchazo de teléfonos -hasta 13 policías de Ourense llegaron a estar bajo escucha- fue autorizado en base a datos sesgados, sin contrastar, por parte de la unidad de Madrid, e incluso sin que uno de los anónimos fuese aportado físicamente hasta después de las detenciones.

La intervención daba por buena la teoría de Asuntos Internos de que la desaparición de las armas tenía relación con algunos de los policías de estupefacientes. Algo para lo que el juez del caso, el titular de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, considera ahora que "no hay razón" para ver credibilidad, descartando el nexo que el autor de la filtración -la Policía Nacional aún no descarta la implicación de más agentes- subrayaba, retratando una especie de trama de corrupción en la Comisaría de Ourense. Antes de quitarse la vida, Celso B. A. se auto inculpó de todo y además pidió perdón por haber incriminado a compañeros inocentes.

A mayores de esta acción conjunta por parte de todos los abogados, los letrados de los cuatro policías investigados -dos están suspendidos cautelarmente y otros dos, de baja laboral- han apreciado otras posibles causas de nulidad. Por ejemplo, los agentes consideran que pudo existir una vulneración del derecho a un juez imparcial y predeterminado por la ley, tal y como establece la Constitución en su artículo 24.2. Se basan en que un atestado de la Unidad de Asuntos Internos, sobre las presuntas irregularidades del grupo de drogas por el trato con confidentes, fue remitido directamente a Instrucción 1 de Ourense, en 2015, donde las diligencias abiertas un año antes se referían a la desaparición de las armas. En una providencia, el juez admite una posible "nulidad" por falta de conexión entre ambas vías, completando su intención de deshacerse de la derivada de las drogas para que el decanato establezca qué juez debe continuar con la instrucción, con unos 15 investigados.

En busca de las otras 3 armas

La desaparición de las pistolas, el primer caso abierto en el juzgado, se ha esclarecido, en parte. El agente que se inculpó de la sustracción tenía 3 de ellas en el despacho donde se quitó la vida, el sábado. Faltan por localizar otras tres. La Policía Judicial cree que la sustracción se produjo en un único robo, en el verano de 2014. Y que el móvil era perjudicar a otros compañeros o buscar un ascenso. La UDEV busca algún mensaje o correo electrónico relevante, en el análisis encargado del teléfono móvil y el ordenador del agente fallecido. En su casa no estaban las tres pistolas restantes y Celso B.A. no era el sospechoso para la Policía Judicial, por lo que la línea de investigación seguida hasta el momento no finalizará con el suicidio y la inculpación de ese agente, reiteraban ayer fuentes de la Comisaría de Policía de Ourense.