Con el objetivo de "optimizar" los recursos, en este caso en materia de infraestructuras, el gobierno municipal pretende abrir, en el menor tiempo posible, el edificio de La Molinera, en el que se asentará el denominado Centro del Conocimiento, y, por otro, el de la Plaza de Abastos de A Ponte, que permanece cerrado desde hace más de un año, cuando fue inaugurado después de concluir las obras de rehabilitación, y en el que se contemplan ubicar diferentes servicios, más allá del propio de comercio.
En el caso de la Molinera, el alcalde, Jesús Vázquez, explicó al término de la reunión de la Junta de Gobierno Local, que "en breve se pondrá en marcha", y que se cuenta con un programa de actividades definidas, para limitarse a concretar que se trata de dar contenido en varios ámbitos, pero sin ir más allá.
Sostiene Vázquez que se trata de abrir "estos espacios que estaban cerrados y cuyo coste fue muy elevado", y en el caso de La Molinera se añade la compra que realizó el anterior gobierno de todo el aparataje informático, sobre el que existen dudas fundadas de si se quedó obsoleto. Una cuestión que dijo "se está realizando una valoración" para comprobar su estado. Lo que reconocía el alcalde es la "desaparición" de algunos ordenadores que llevaron a la presentación de la correspondiente denuncia.
En cuanto al edificio de la Plaza de Abastos, la intención es proceder a su apertura una vez se resuelvan la correspondiente tramitación, aunque adelantó que además de los ocho puestos para comerciantes y una zona de venta de productos fresco, en ese inmueble se ubicará la biblioteca pública y la ludoteca.
Además también se destinará una parte para la asociación de vecinos, y otra para una oficina del propio Concello, que en estos momentos está en un local privado
Mobiliario Urbanos
Por otra parte, a lo que también se daba repuesta la Junta de Gobierno Local, después de muchos años de inacción, a la explotación publicitaria del mobiliario urbano en la ciudad. Es decir, todo tipo de soportes publicitarios existentes y autorizables en la vía pública: mupis, mupis digitales, marquesas, relojes-termómetro, así como su conservación y mantenimiento.
Sobre esta cuestión, Vázquez proclama que este gobierno municipal "avanza con paso firme en el objetivo de sacar adelante concesiones administrativas que se encontraban paralizadas, como es el caso, y muchos otros recientes". Y recalcar que "rentabilizamos así recursos municipales productivos como el mobiliario urbano, que no estaban a producir ingresos por falla de licitación del concurso".
El período de concesión tendrá una duración de cuatro años, prorrogable por acuerdo entre las partes y ratificado por la Junta de Gobierno Local por dos años más, no pudiendo sobrepasar en ningún caso el seis años. Se señala un impuesto mínimo a satisfacer por los licitadores de 83.958,73 euros por año (69.387,38 euros de principal más 14.571,35 euros de IVA).
