Empujones al discutir por la hora de vuelta a casa, maltrato psicológico habitual, destrozos en el mobiliario e incluso puñetazos. Las víctimas son los padres. Cuando la violencia de sus hijos adolescentes los desborda, solo queda la justicia para decir basta. En lo que va de año, la Fiscalía de Menores ha abierto 26 diligencias de investigación y el juzgado ha dictado 8 sentencias condenatorias contra jóvenes que agredieron física o verbalmente a sus padres. Es la llamada violencia filo-parental ascendente. Un problema que persiste y que se asocia, en algunos casos, a trastonos psiquiátricos, absentismo escolar o al consumo de drogas. El perfil, señala el fiscal provincial de Menores, José Ucha, es el de "ninis de 16 o 17 años que quieren mandar en su casa, tienen un comportamiento desafiante y se ensañan sobre todo con las madres".
El año pasado se contabilizaron 26 delitos de violencia intrafamiliar y en 2013 fueron 20. Menos de la mitad de los casos denunciados en 2015 llegarán a juicio porque los progenitores retiran la denuncia o los agresores toman conciencia de sus actos y acaban reconduciéndose. Hasta estas altura de año han sido 11 de 26 las causas penales en trámite. La mayor parte de las condenas imponen libertad vigilada, con sometimiento a pautas de tratamiento psiquiátrico, cursos de control de la violencia o intervención en materia de drogas, según el caso. En nueve de cada diez casos, el joven presta conformidad con los cargos. El internamiento queda para los casos más flagrantes o para aquellos que reinciden. En el juzgado de Menores aseguran que la recaída es porcentualmente baja.
A los funcionarios del área les toca intervenir en realidades desbordadas del ámbito doméstico. "Los padres acuden a nosotros cuando ya han agotado todos los recursos y no saben cómo conducir a sus hijos, cuando la situación es insostenible y la convivencia es imposible. Sus hijos los tienen atemorizados", retrata el fiscal.
Un año como mínimo dura el programa de intervención con los menores una vez dictada la condena. La instrucción de las causas penales no se prolonga más de dos. La evolución de cada menor que delinque contra sus padres es, a partir de ahí, incierta y personalizada. "Con el apoyo de la familia es más fácil y también es fundamental que encuentren una salida académica o laboral. La mayoría de estos comportamiento se dan en chicos ociosos", apunta la Fiscalía.
La Xunta de Galicia tiene medios para intervenir con los menores violentos en casa, por medio de terapias familiares e incluso recibiendo la delegación de guarda cuando las padres no dan más de sí. En estos supuestos, en Ourense, los jóvenes están en el centro de protección de A Carballeira.
La ley es dura contra el pequeño agresor que no se reforma, aunque la Fiscalía de Ourense defiende como hoja de ruta "salidas negociadas", sin necesidad de sentar al menor en el banquillo, cuando la actitud inicial "rebelde" de todos los investigados muda en asumir responsabilidades.
Desde que la condena es firme, su aplicación es automática. El menor sentenciado empieza de inmediato los cursos o terapias establecidas. De nuevo son los padres, las víctimas del proceso, quienes tienen que controlar sus horarios, si bien el sistema opera como un engranaje y el técnico de ejecución de penas también vela por que el adolescente acate las medidas.
La Fiscalía de Ourense ve necesaria la creación de un centro específico en materia de protección del menor, así como que se dote a la Xunta de recursos para que el agresor pueda salir de su familia y ser acogido por una comunidad educativa especializada, si es necesario. Esta era una cuestión que ya fue plantada por el servicio de Menores en la última memoria anual del ministerio público: "La medida de convivencia con grupo educativo, cuya eficacia está demostrada en otras provincias, no tiene operatividad en Ourense ya que dicho recurso no está dotado por la entidad pública de reforma".
