Joaquín Moldes, ex miembro de la Comisión del Agua de Punxín y actual concejal de Cambio Inteligente, presentó un escrito ante el Concello para instarle a que reclame por vía administrativa contra Aqualia, ex concesionaria del servicio municipal, por la contaminación del agua en Punxín.
La Audiencia Provincial de Ourense dictó resolución relativa al recurso de apelación que Moldes había presentado, habiéndose constituido como acusación particular en el asunto de la contaminación por arsénico, ya que la Comisión del Auga no tenía legitimidad para personarse como colectivo. El edil reclamara por la vía penal pero la Audiencia solo le concede derecho a reclamar por la vía administrativa.
Según Moldes, dicha resolución "pone de manifiesto una vez más que la Comisión de Auga carece de personalidad jurídica", y le da la razón una vez más a la reivindicación y lucha de todos los vecinos de Punxín, abanderados y liderados por él, que se erigió como acusación particular. Y aunque la resolución dictamina que la contaminación por arsénico no reviste caracteres de delito, también dictamina que "la no exigencia penal, no es óbice para que no exista responsabilidad administrativa".
Por ello, Moldes pide en su escrito que el alcalde de Punxín utilice "todos los medios y recursos para activar un protocolo de responsabilidad, poniendo en conocimiento de las administraciones y organismos competentes al alcance de esta resolución judicial, a los efectos de depurar las responsabilidades a que haya lugar, exigiendo las correspondientes sanciones pecuniarias en vía administrativa a la empresa Viaqua".
Dice que lo que se pide por parte CI no puede caer en saco roto, puesto que si en vía penal, no hay responsabilidad y en vía administrativa no se exige, "estaremos creando una inseguridad jurídica sin precedentes, e invitando a todas las empresas concesionarias y concellos que gestionan directamente el abastecimiento de agua, a una inobservancia de la normativa reguladora de los controles de calidad del agua, y en consecuencia generando un potencial riesgo para la salud pública".
