La familia de la asesinada en el hospital pide que la Fiscalía confirme si la juez no informó del primer intento homicida

"No adoptó protección, en dejación de funciones"

18.11.2015 | 02:41

No hubo arresto ni comparecencia del presunto asesino del hospital de Ourense cuando, un mes antes, intentó consumar el crimen de su mujer porque, según la información facilitada a la familia, la juez de Verín que lleva el caso no dio copia física del atestado en el que la Guardia Civil señalaba a Aniceto Rodríguez como "principal sospechoso" del ataque previo en el domicilio conyugal. La Policía Judicial pidió centrar la investigación en él por un caso de violencia machista y advirtió por escrito de que no restringir sus visitas al CHUO, mientras la mujer luchaba por su vida y mejoraba paulatinamente, podría suponer "un peligro". Con estos antecedentes, los allegados de Isabel Fuentes, víctima del crimen machista en la cama del hospital el 8 de mayo, han registrado una petición formal dirigida a Fiscalía para que confirme si efectivamente la magistrada no remitió el atestado, sino que mantuvo simplemente una conversación telefónica, ocultando por tanto un caso de violencia de género "y una situación de real peligro".

Así se expresa el escrito firmado por una prima de la víctima y que ha sido coordinado por la abogada de la familia, Beatriz Seijo. La letrada asegura que esa falta de traslado por parte de la juez Cristina Fernández Viforcos es la versión que le transmitieron tanto el fiscal superior de Galicia como el fiscal jefe de Ourense en sendas reuniones privadas. Lo saca a la luz después de que el Poder Judicial negara abrir expediente a la autoridad, considerando que actuó "con arreglo" a la ley, "de forma motivada, con prontitud y sin demora".

El escrito que pide la posición de la institución pública aclara que el archivo de la investigación disciplinaria fue "parte de una información que le ha sido remitida vía documental o comunicada vía informe totalmente contraria a lo informado por la Fiscalía".

Los allegados de Isabel Fuentes subrayan que para el supuesto de que el ministerio público mantenga una "postura final" de silencio "nos veremos obligados a iniciar, nosotros, las acciones oportunas". Para los allegados el crimen pudo evitarse. "Su señoría no adoptó ninguna medida de protección, en dejación clara de sus funciones", afirma el escrito.

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