En los próximos días, el juez Leonardo Álvarez ampliará formalmente la relación de sospechosos en su operación contra el tráfico de drogas y contra la presunta actuación delictiva de determinados policías del grupo de estupefacientes. El magistrado de Instrucción Número Uno aún debe recabar la versión de tres detenidos que quedaron libres en Comisaría, al menos una persona por motivos de salud, así como de dos agentes investigados del grupo de estupefacientes, además de los dos detenidos el martes y que desde la noche del viernes permanecen en libertad provisional con cargos, sin el pasaporte, armas ni placas, y con la obligación de comparecer en el juzgado una vez por semana.
A mayores de los implicados a los que tomó declaración el viernes en una jornada maratoniana, con más de 11 horas de interrogatorios, Leonardo Álvarez firmará citaciones a partir de mañana. Tendrán que comparecer "entre 5 y 8 imputados" y "de 6 a 12 testigos". Da por hecho una investigación larga y laboriosa. Son sus cálculos, culminada la primera fase de la operación con el grupo provincial de drogas imputado en su práctica totalidad y con tres presuntos traficantes entre rejas: José V., el llamado "Tronquito" y la histórica Josefa Pérez, "Pucha", que sería la principal confidente del inspector jefe investigado.
Durante tres días de arrestos y entradas y registros a cargo de entre 15 y 20 agentes de Asuntos Internos, fueron incautados aproximadamente 5,5 kilos de cocaína, 1 y medio de heroína y en torno a esa misma cantidad de hachís. Los investigadores también encontraron en las propiedades registradas armas cortas y unos 70.000 euros, según fuentes de la operación. Ninguna prueba apareció, insiste el entorno de los agentes, sobre sobornos de los traficantes a los policías. Tampoco encontraron estupefacientes en sus casas o taquillas.
A los dos policías nacionales de Ourense sospechosos de tolerar la actividad de determinados traficantes a cambio de "chivatazos" no les habían devuelto ayer ni el móvil. Aunque lo que más preocupa ahora al jefe de la brigada provincial de estupefacientes, A. F. R., y al agente que más años llevaba en esa unidad, F. M. A., sea conservar el trabajo hasta sentencia firme o archivo. Es la lucha a la que también se unirán los sindicatos, tras un apoyo conjunto a su presunción de inocencia y la defensa de su "meritoria" trayectoria.
Después de sufrir un arresto de tres días, solo aliviado cuando les dejar dormir en casa la noche previa al interrogatorio ante el juez, los funcionarios se preparan ahora para los problemas disciplinarios. Los agentes en libertad provisional podrían enfrentarse a cargos adicionales de falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos y un delito contra la salud pública. Fuentes policiales también prevén la apertura de expediente para los otros dos agentes imputados del mismo grupo, en principio con una responsabilidad limitada a la revelación de secretos y que tras declarar el jueves en Comisaría aún no han sido citados, según indican en su entorno. Podrían ser unas de las personas a las que llegará la comunicación del juzgado en los próximos días.
Será Asuntos Internos la unidad que remita la información para que Personal incoe los expedientes. Régimen Disciplinario tendría que encargarse de encuadrar los hechos para cada investigado dentro de una falta grave o muy grave.
Como en otros ámbitos, el índole penal prevalece sobre el cauce administrativo, por lo que factible que los investigados aboguen por su inocencia cuando tengan que declarar, los próximos días, en el marco disciplinario, y pidan que cualquier decisión se paralice hasta una sentencia firme. Pero fuentes policiales explican que los instructores tienen la facultad de acordar como medida cautelar la suspensión de funciones si ven motivos.
La imputación de cuatro de los seis agentes que conformaron la unidad -uno estuvo de baja laboral y otro no imputado acaba de cambiar de destino- implicará una reestructuración. El comisario asume que habrá que convocar plazas para suplir su desmantelamiento por este caso.
La operación que ha conmocionado a la Comisaría de Ourense permanecía abierta desde 2014, según el número de diligencias que consta en los autos de libertad provisional de los dos policías. Además de aquellos investigadores de Asuntos Internos con categoría de instructores, en los últimos meses solo conocían las pesquisas el juez Leonardo Álvarez, el fiscal jefe y el secretario y un funcionario de Instrucción Número Uno. Todos mantuvieron la estricta confidencialidad para evitar filtraciones.
