Los dos funcionarios del Estado adscritos a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, que detectaron irregularidades administrativas y "posibles ilícitos penales" en la adjudicación de los contratos de las depuradoras de la Diputación entre los años 2002 y 2004 prestaron declaración ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense y ratificaron las conclusiones del informe que implica el reembolso de los 10,1 millones de euros de fondos comunitarios que el Ministerio de Hacienda ya ha reclamado a la institución que preside José Manuel Baltar. Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró prescrita la acción de reintegro por lo que la administración provincial no tendría que devolver ese dinero pero la Abogacía del Estado ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La resolución definitiva podría demorarse dos años.
En la vía penal, las irregularidades detectadas por los dos técnicos de la OLAF que ayer declararon en Ourense están relacionadas con la adjudicación de los proyectos Daredo y Deputrans y las asistencias técnicas para la obra civil de instalación de un centenar de pequeñas depuradoras en pueblos del rural. En todos los casos las concesionarias resultaron ser la misma empresa o firmas pertenecientes al mismo grupo empresarial y tanto la inspectora principal como el inspector colaborador reiteraron ayer ante el juez que la investigación realizada por ellos en 2012 arrojó indicios de que la empresa ganadora habría obtenido información previa que le permitió ajustar su oferta en cada caso a las exigencias del contrato. También mantuvieron ante el instructor que dichos indicios podrían ser constitutivos de "ilícito penal", tal y como precisaban en su informe derivado de la denuncia formulada en 2010 por un empresario español del ámbito de la depuración de aguas.
El letrado que representa al PSOE, personado como acusación particular, José Arcos, destacó la "precisión y detalle" con que estos funcionarios expusieron los elementos que les llevaron a concluir no solo que se cometieron irregularidades en la contratación sino que éstas podrían ser reprobables en el ámbito penal. "Afirmaron que no hubo igualdad de condiciones y que la información que tuvo la empresa con anterioridad a la publicación de las bases le permitió ajustarse como un guante a la oferta", indicó el letrado tras la declaración
Uno de los ejemplos más "reveladores" en este sentido, se centra en la inclusión de un caudalímetro como mejora. Es aquí donde discreparon tanto el letrado del PSOE como el que representa al único imputado en este proceso, el funcionario jefe del servicio de Medio Ambiente de la Diputación. Los técnicos de la OLAF explicaron que la necesidad de ese medidor no podía ser conocido por los licitadores. "Explicaron que formaba parte de la información interna entre la Diputación y la Unión Europea pero qué casualidad que la empresa lo incorporó como mejora", apunta Arcos.
Del otro lado, el abogado del único imputado sostiene que se ha producido un "fallo muy importante" porque esa información, afirma, era pública desde el momento en el que se aprobó el proyecto Daredo por lo que cualquier licitador pudo tener acceso a ella.
El juez ha abierto ahora un plazo para que las partes soliciten más pruebas. El PSOE pedirá que se llame a declarar al expresidente y exvicepresidente, José Luis Baltar y Rogelio Martínez, como responsables políticos de las contrataciones. Ya lo había propuesto, sin éxito durante la primera fase de la instrucción.
El letrado que representa al funcionario imputado pedirá nuevas testificales y una prueba pericial que aclare que las exigencias de materiales y características técnicas que se incluían en el pliego eran necesarias y no restrictivas. Con dicho informe, pretende demostrar que otros fabricantes podrían cumplirlas.
El testimonio de estos dos funcionarios fue solicitado por el titular del Juzgado de Instrucción 2 después de que la Audiencia Provincial revocase el archivo parcial acordado en diciembre de 2014 por el anterior titular, el magistrado Antonio Piña, que mantenía abierto el asunto referido a las asistencias técnicas pero archivaba el del suministro de las cien depuradoras. Justificaba en un auto que no que veía "incidencia penal" en las irregularidades detectadas por los funcionarios, cuyo informe mencionaba la posible existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude al presupuesto de la Unión Europea. La Audiencia consideró "escasa" la instrucción practicada a pesar de los "importantes indicios" que recogía el informe de la OLAF y ordenó reabrir el caso, ahora con otro juez titular al frente.
