Si la anulación de las normas urbanísticas provisionales de Ourense por parte del Tribunal Superior aún sería rebatible con un recurso ante el Supremo, el nuevo e inesperado escenario judicial que se abrió ayer podría ampliar el tiempo de margen incluso años, aunque la ciudad siga bajo una inseguridad jurídica que frena inversiones por falta de una normativa estable. La Sala del Contencioso-Administrativo del TSXG se reunió ayer para deliberar y resolver las 9 demandas contra la ordenación provisional, que fue aprobada en 2011 por la Xunta para sostener mínimamente el urbanismo de la tercera ciudad gallega después de la caída del PXOM 2003 por dictamen definitivo del Supremo. Los magistrados evitaron pronunciarse sobre el fondo de los pleitos para abrir un debate legal: la posible inconstitucionalidad de un artículo de la ley urbanística de Galicia, la vigente 9/2002, por haberse omitido la información pública en la aprobación de la norma provisional.
De momento, el Tribunal Superior solo ha notificado a Xardín das Burgas, una de las partes que recurrió a la vía judicial en contra, fundamentalmente, de la inclusión de 15 ámbitos privados, y no de otros, en el documento de mínimos de 2011. Partes de este pleito contencioso que el Concello y los actores económicos siguen con expectación interpretan que las 9 resoluciones reproducirán el argumento hecho público ayer por el TSXG.
Plazo de 10 días a las partes
Los magistrados acordaron que "de conformidad con lo prevenido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se acuerda oír a las partes y al Ministerio fiscal para que, en el plazo común e improrrogable de diez días, puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 96 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural en Galicia, en cuanto que omite un trámite de información pública, ante su posible inconstitucionalidad sobrevenida por infracción del artículo 149.1.1ª, 13ª, 18ª y 23ª de la Constitución, al contradecir lo establecido en el artículo 11.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, que constituye la legislación básica del Estado, según se establece en su disposición final primera".
Finalizada la audiencia de las partes, el TSXG resolverá si eleva una cuestión al Tribunal Constitucional. Solo la respuesta sobre la admisión o no a trámite tiene una demora media de "6 meses a 1 año", según fuentes judiciales. En el caso de que se optara por entrar en el análisis de constitucionalidad podrían pasar años hasta un pronunciamiento, tiempo suficiente para la entrada en vigor del nuevo PXOM de Ourense -aprobado inicialmente y en fase de resolución de alegaciones-, e incluso para la aprobación de una nueva ley urbanística gallega que sortee la cuestión observada por el TSXG.
La Xunta "agilizará" el nuevo
La suspensión de licencias en todos los ámbitos de Ourense salvo en una treintena de proyectos públicos y privados fue acordada por el Consello de la Xunta, en septiembre de 2011. La administración autonómica fue la que introdujo 15 iniciativas particulares. A preguntas de este periódico, el gobierno defendió ayer haber actuado "en el estricto cumplimiento de un artículo de la ley vigente, que establece que en casos excepcionales se puede suspender el planeamiento". Según una portavoz de la consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, "este artículo ya figuraba en la ley anterior, de 1997, y en el caso de Ourense se dio como es debido el trámite al ayuntamiento afectado". La Xunta asegura que su preocupación es la de "aprobar un nuevo PXOM para la tercera ciudad de Galicia. En lo que corresponda a la Xunta, se agilizará al máximo".
El ayuntamiento aplazó cualquier valoración política sobre el dictamen del TSXG hasta un análisis en detalle de la resolución. El Concello es una de las partes a las que el Superior da traslado para que exprese su parecer en un plazo de 10 días. También ha de pronunciarse la Fiscalía, una exigencia legal cuando se dirimen cuestiones de inconstitucionalidad.
Fricciones entre PP y BNG
Antes de que trascendiera el dictamen del TSXG, el alcalde, Jesús Vázquez, acusó al BNG de estar detrás de los recursos contenciosos presentados contra la ordenación urbanística provisional. Los nacionalistas, que reclaman una segunda exposición pública del nuevo plan tras las casi 5.000 alegaciones registradas, respondían culpando al PP de la paralización urbanística en Ourense "por su PXOM ilegal" de 2003. El regidor sostiene que el ayuntamiento quiere gestionar el nuevo documento urbanístico "con toda transparencia y dentro de la total legalidad".
