En la junta de gobierno local de 4 de julio de 2013, cuando se acordó el nombramiento de Carmen Rodríguez, secretaria de la agrupación local del PSOE, como directora xeral de Personal y Recursos Humanos del Concello de Ourense, no estaban todos sus integrantes. Así, no estaban presentes tres de los cinco ediles críticos: Susana Bayo, María Devesa y Mónica Vázquez. Su justificación posterior fue de lo más premonitoria de lo que podría acontecer en el futuro, alegando que no era legal el acuerdo adoptado.
El recurso presentado por el representante del sindicato USO y en aquel momento presidente de la Junta de Personal del Concello, Julio Domínguez, marco el devenir de los acontecimientos. Una denuncia que coincidía con la consideración que realizaron las tres ediles criticas, dos de la cuales: María Devesa y Susana Bayo, ante las "presiones" que dicen recibieron para apoyar el nombramiento de Carmen Rodríguez, decidieron presentar un escrito de renuncia a pertenecer a la Junta de Gobierno Local al alcalde, alegando para ello el riesgo de "poder cometer algún tipo de ilegalidad".
Es por eso que la sentencia de primera instancia del juzgado Contencioso Administrativo anulando el nombramiento, y señalando la existencia de desviación de poder, no hizo más que ratificar lo que habían expresado las ediles. Y confirmaban que su postura fue la correcta, como así lo reconocía posteriormente la edil de Turismo, Mónica Vázquez, que desarrollar su actividad profesional, como procuradora, en el ámbito judicial. La decisión ahora del fiscal jefe de que presten declaración como imputados el resto de la Junta de Gobierno, no les sorprende.
