Poner fecha a la reapertura de la residencia universitaria, precintada por orden judicial desde el 4 de agosto, se hace cada vez más difícil. Las diferencias entre la concejalía de Urbanismo y los propietarios de los terrenos del polígono SU-25 que afecta al campus universitario se han convertido en un verdadero obstáculo para esta dotación que daba alojamiento a 201 estudiantes. Permanecerá cerrada todo este curso y parte del siguiente con total seguridad, pero es posible que el cierre se prolongue más tiempo porque la junta de compensación ya se ha declarado incapaz de desarrollar los trabajos en 12 meses como ha fijado el gobierno local en el proyecto de urbanización aprobado el 23 de julio y que ayer se hizo público en el Boletín Oficial de la Provincia.
Este acuerdo adoptado en junta de gobierno propició una reunión urgente de la junta de compensación el pasado 13 de agosto en la que se aprobaron medidas contundentes contra las condiciones del proyecto. Por un lado, los propietarios no aceptan de ningún modo el plazo de 12 meses que fija el documento, por lo que plantearán un plan de etapas con un mínimo de 48 meses para la urbanización de todo la superficie afectada. Con esta propuesta reducen a la mitad los cuatro años que dijeron necesitar inicialmente para ejecutar un proyecto que afecta a todo el polígono y que tiene un coste de 3,3 millones. En todo caso, los propietarios se agarran a la posibilidad de solicitar prórrogas si ese tiempo no es suficiente.
Además, la junta de compensación arremete contra la sucesión de conductas "irresponsables" por parte de la concesionaria de la gestión de la residencia As Burgas, Siresa, del Concello de Ourense y de la Universidad de Vigo que "han derivado en la sentencia que anula las licencias de obra y ocupación" y que ordena el cierre de la residencia, según explica el letrado que defiende los intereses de este colectivo, Antonio Feijóo Miranda. Pero la gota que ha colmado el vaso en este conflicto, uno más en la guerra judicial entre la concejal de Urbanismo, Áurea Soto, y el promotor de Casas Ourense, Bautista Rodríguez, es que el gasto de urbanización de esta infraestructura (600.000 euros) "triplica" el precio fijado inicialmente y cuya cuantía fue depositada como fianza por la concesionaria Siresa.
Así, la junta de compensación aprobó la semana pasada "ejercitar todas las acciones judiciales, e incluso por la vía penal, contra el Concello, la Universidad de Vigo y Siresa para exigir responsabilidades por tener que asumir el coste íntegro de la urbanización", explica Feijóo Miranda. De hecho, la junta de propietarios ha pedido al Concello de Ourense que la garantía de 27 millones de las antiguas pesetas incautada a Siresa en 2000 "sea puesta a su disposición para hacer las obras de urbanización, aunque se trate de una cantidad insuficiente".
También señala el letrado a la Universidad de Vigo, y en particular al rector, al que asegura que él mismo envió un escrito en 2008 advirtiéndole del "incumplimiento" por parte de Siresa de su obligación contractual con la institución académica de urbanizar los terrenos. "Pero miró para otro lado", apunta Feijóo. Recuerda que el Concello y la Universidad firmaron un convenio en 1998 "en el que figura que los terrenos se ceden para la construcción de este equipamiento y la expresa condición de que se urbanicen".
Otro de los acuerdos adoptados por la junta de compensación en la reunión del día 13 es la personación como acusación particular en la querella por presunta prevaricación presentada por Casas Ourense contra Áurea Soto y el jurídico que informó favorablemente la licencia de apertura en 2011 "sin exigir la urbanización ni actualizar la cuantía del aval".
En cualquier caso, Antonio Feijóo apela a la "cordura" y espera que el Concello de Ourense acepte la petición formulada por la junta de compensación y entregue esta garantía. "Si no lo hacen no tiene sentido; solo se podría entender como una maniobra de Áurea Soto para perjudicar a la junta de compensación", indicó el letrado.
Las obras, en octubre
El resto del importe de las obras de urbanización será aportado por la junta de compensación pero su representante legal ya advierte de que "presentaremos una reclamación patrimonial a Siresa y la Universidad de Vigo porque estaban al tanto de lo que iba a ocurrir y no hicieron nada".
Por el momento, el concurso público para adjudicar la urbanización se iniciará en septiembre con la intención de que las obras comiencen en octubre. "No vamos a demorarnos más de lo necesario", explica, y ya avanza que "el plan de etapas no prioriza ninguna fase, la residencia universitaria y su entorno es una de ellas, pero la haremos antes o después, depende del ayuntamiento", concluye.
