Era una cuestión de tiempo, sobre todo de las sucesivas sentencias judiciales. La concejal de Urbanismo, Áurea Soto, advierte que el cierre de la residencia universitaria se prolongará, como mínimo un año, que es el plazo estipulado, para ejecutar las obras de urbanización del entorno, que es la condición para que por parte del Concello de Ourense se pueda otorgar la licencia de ocupación con la que no cuenta en la actualidad.
Así lo explicó ayer, después de que a finales de la semana pasada recibiese el Concello la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la que se ratificaba otra anterior, que no hace más que avalar la emitida en su momento por el Juzgado de Ourense en la que se ordena el cierre de la residencia Universitaria -en las Lagunas- al anular la licencia de ocupación.
Es por eso que ante esa situación, la edil de Urbanismo justificó en que "fue complicado" ejecutar el convenio firmado en su momento para realizar las obras contempladas en el proyecto de urbanización al cien por cien, por lo que la adjudicataria de la residencia deberá volver a solicitar licencia, y ejecutarla, para de esa forma pueda volver estar en funcionamiento.
Sostiene Soto que el Concello "sigue trabajando" para que se pueda abrir lo antes posible, aunque el plazo mínimo es de un año, y espera que se cumpla lo establecido, de lo contrario advierte que "actuará el gobierno municipal", pero sin especificar en que sentido, y si eso llevará consigo medidas que afecten directamente al erario público atendiendo al "interés general", al que hizo alusión cuando se refirió al origen de construcción de la residencia universitaria.
Enfrentamiento
Pero sobre la urbanización de la zona en cuestión, Áurea Soto volvió a señalar al secretario del Consejo Rector de la Junta de compensación de ese ámbito de actuación, Bautista Rodríguez, que dice que "tiene como estrategia de negociación presionar", en este caso a través de las denuncias presentadas y que derivó en el cierre de la residencia universitaria.
También aseguró que "no vamos a permitir" que el plazo para la urbanización pase de 1 a 4 años "como pide", aunque deja abierta la puerta a darle el visto bueno si se ejecuta en dos fases, con la condición de que se ejecute en un año lo establecido en el convenio y que posibilita la apertura de nuevo de la residencia.
El conflicto que mantiene el Concello con el promotor, llevó a que la edil de Urbanismo, Áurea Soto, cargase contra "la presión" que se realiza para "intereses privados" y que tiene como consecuencia el cierre de una infraestructura de "interés público", pero reconociendo, a la vez, que al no haberse ejecutado la totalidad de la urbanización, en estos momentos se encuentra en situación de ilegalidad total, como sentencia el TSXG.
