Ourense, imputaciones en serie

Solo 4 políticos suman una docena de causas - Investigaciones por lo penal comprometen el futuro de alcaldes de PP y PSOE

05.04.2014 | 01:32

Las investigaciones de políticos por lo penal fluyen a raudales como en tiempos menos atribulados abundaban las inauguraciones. Parece no haber freno a la, en su momento denostada, judicialización de la política. El cartel de "imputado" acompaña a alcaldes, diputados provinciales y ediles de Ourense en una vorágine de causas judiciales con alcance político. Hasta el juez decano de Ourense, Antonio Piña, -instructor de tres presuntos casos de corrupción en el seno del Concello y la Diputación- advirtió de la "judicialización excesiva" de los asuntos políticas, subrayando, en sintonía con las alegaciones de los políticos, que no es lo mismo una imputación que una condena. La inminencia de las elecciones y el posible efecto de algún proceso en las aspiraciones de renovación de alcaldes de PP y PSOE no es un asunto menor en los talleres de ideas de los partidos.

Unos y otros encajan las investigaciones como una gota malaya, y, frente a la dimisión sin salvedades que practica el BNG, PP y PSOE optan por reivindicar la presunción de inocencia de todos los cargos sean cuales sean los indicios y, por regla general, postergar las medidas drásticas hasta el juicio, excepto que en una fase procesal previa se decreten medidas cautelares como el pago de una fianza. Los códigos éticos, elementos de artillería en el discurso pero que, a la hora de votar, comparten socialistas y populares muestran, a la hora del banquillo, la puerta de salida.

Una sentencia debería ser para el alcalde de Ourense, Agustín Fernández, y su edil de confianza Áurea Soto, el momento propicio para exigir ceses de un político. Antes se compromete, según la edil más imputada de Ourense, con cinco requerimientos por lo penal, la debida primacía del Estado de Derecho. Casos desestimados, aunque sean del ámbito contencioso y escondan reproches, han reforzado su postura. Su partido, el PSdeG, proclama la obligación de renuncia con auto de procesamiento. Desde hace semanas, el gobierno de As Burgas sazona sus discursos con términos gruesos y vocabulario de trinchera. La "cacería", el "terrorismo político", los "intereses bastardos para aniquilar" plagan el argumentario de circunstancias del ejecutivo. Tres ediles -el alcalde, Áurea Soto y la primera teniente de alcalde, Marga Martín- suman, hasta el momento, ocho imputaciones. El exalcalde, cuyo arresto lo cambió todo, dos además de la Pokemon, donde Pilar de Lara lo investiga por siete posibles delitos.

El regidor socialista, como los munícipes de Barbadás, Xinzo de Limia (con 2 causas), Cea u O Carballiño -todos del PP- tiene estatus de imputado. Mientras, por la adjudicación de las obras de Bedoya en un trámite negociado, urgente y sin publicidad.

Pero Agustín Fernández se enfrenta además a su implicación en la denuncia por lo penal de los contratos fijos a personal externo, así como a la investigación del fiscal jefe de Ourense, en trámite, por la reforma de las aceras y el entorno de la calle de su casa con fondos del Plan - de 2009.

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