Malos tratos a su marido, resistencia a la autoridad, y lesiones a un agente de Policía Local de Ourense al que empujó por las escaleras. Tres delitos en una tarde aciaga de Cristina Fernández Rodríguez, exdelegada provincial de Xustiza en el año 2003, en la última administración de Manuel Fraga. La mujer, de 45 años, confirmó ayer un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Ourense alcanzado en noviembre de 2013 y que evitó la celebración del juicio. Se compromete a realizar 57 días de trabajos en beneficios de la comunidad a cambio de evitar una condena de prisión. La magistrada del Penal Número Uno suspenderá la pena total de diez meses de cárcel, con la exigencia de que la exdelegada no vuelva a delinquir en un plazo de tres años. Durante ese periodo tampoco podrá acercarse a menos de 100 metros del domicilio o lugar de trabajo de su exesposo, un conocido abogado de Ourense.
La agresión tuvo lugar, precisamente, en el despacho que el letrado tiene en la calle Bedoya, en las inmediaciones del Parque de San Lázaro. A las cinco de la tarde del 1 de agosto de 2012, la exdelegada llamó por teléfono a su exmarido para reprocharle por la pensión de los hijos. Medio hora más tarde, Cristina Fernández se presentó en el despacho en compañía de su madre de edad avanzada y de dos de los tres vástagos menores que la pareja tenía en común. La mujer continuó la discusión a gritos y cogió las llaves del domicilio de su exesposo, el ratón del ordenador y el teléfono móvil, antes de agredir al letrado.
Lo arrojó al suelo, le dio varias patadas ocasionándole lesiones para las que necesitó asistencia médica y ocho días hasta su total restablecimiento. Ante el escándalo organizado en el inmueble, los vecinos dieron la voz de alarma a la Policía Local en varias llamadas. Al llegar al edificio de la calle Bedoya, los agentes trataron de mediar en el altercado entre la pareja. Pidieron a la acusada que entregara los objetos que había cogido al hombre, pero la acusada se negó.
Los municipales solicitaron a la mujer que se identificara pero tampoco accedió. La mujer trató de agredir a la patrulla, razón por la que los policías procedieron a inmovilizarla y a practicar su detención. Como delante estaban los hijos menores de edad y la madre de la acusada, los agentes decidieron no ponerle las esposas. Cada policía, uno delante y otro detrás, la agarraba por un brazo.
Al llegar a la escalera, la exdelegada de Xustiza empujó a uno de los municipales arrojándolo escaleras abajo. Finalmente, la mujer salió del edificio detenida y el agente, herido en una camilla camino del hospital. El altercado y la intervención policial provocó una gran expectación en la calle en pleno centro de Ourense.
El funcionario, que atesoraba entonces nueve años de servicio, sufrió lesiones en el brazo derecho y se fracturó la cabeza de la tibia a la altura de la rodilla izquierda precisando para su curación asistencia sanitaria, medicación y sesiones de fisioterapia. Tardó 300 días, casi un año, en restablecerse por completo. El agente local agredido permaneció seis meses de baja. Los gastos médicos acreditados por el Sergas superaron los 390 euros.
La Fiscalía, que en la puesta a disposición judicial de la mujer en agosto de 2012 no reclamó la imposición de medida cautelar alguna, acusó a la exdelegada de un delito de maltrato, otro de resistencia a los agentes de la autoridad y un tercero de lesiones. A la condena de trabajos sociales y la orden de alejamiento del exmarido se suma la privación, durante tres años, a la tenencia y porte de armas. La mujer no tendrá que abonar ninguna cantidad en concepto de responsabilidad civil después de que tanto su exmarido como el agente municipal renunciaran a ejercer acciones.
Un ataque de ansiedad
La conformidad rubricada por la exdelegada de Xustiza de la Xunta implica su total reconocimiento con el relato de los hechos del escrito de acusación de Fiscalía, a partir del atestado elaborado por la patrulla que intervino de la Policía Local de Ourense. Su reconocimiento en la fase de juicio difiere de la versión que la mujer ofreció ante el juez de instrucción en agosto de 2012, tras pasar una noche de calabozo y ser puesta a disposición de la magistrada de guardia.
Según las palabras de su abogado defensor antes de la comparecencia que dio inicio a la instrucción de las diligencias penales por la agresión, Cristina Fernández habría sufrido un ataque de ansiedad y perdió el control. De acuerdo a esos argumentos iniciales, la mujer negaba haber empujado al agente sino que se precipitó junto a él escaleras abajo de forma accidental y por encontrarse esposada.
