El pleito infinito de una finca codiciada

La inmobiliaria que compró a la Diputación terrenos para un proyecto urbanístico frustrado por la crisis y el PXOM anulado le reclama 7 millones - La institución se niega a negociar

01.05.2013 | 00:00
Los terrenos donde se proyectaron viviendas, dotaciones y un hipermercado siguen siendo prado. // I. Osorio
Los terrenos donde se proyectaron viviendas, dotaciones y un hipermercado siguen siendo prado. // I. Osorio

Una década de acuerdos y desencuentros entre la Diputación de Ourense y Flager, la inmobiliaria a la que vendió por una discutida valoración atribuida a Baltar padre terrenos en la parcela Mariñamansa que todavía es un solar, se perpetúa hasta en la absoluta parálisis de la construcción por las crisis de crédito y ladrillo y el inestable marco urbanístico de Ourense desde la anulación del último plan general. Sin liquidez ni un horizonte a la vista para poder levantar en la parcela en prado las viviendas, dotaciones y el hipermercado de El Corte Inglés previsto como motor de la zona, ayer se vivió en el juzgado un nuevo capítulo de los intereses cruzados entre la empresa y la institución.

Flager reclama unos 7 millones de euros a la administración ourensana, inmersa de la mano del presidente José Manuel Baltar en una espiral de recortes y medidas para sobrevivir a años de excesivas contrataciones y gastos durante el mandato del padre y predecesor, hoy procesado por sus supuestos enchufes. La inmobiliaria reclama el importe que ha tenido que abonar a reversionistas, herederos de los primeros propietarios de terrenos en Marimamansa.

La Diputación traspasó parte de la finca por 8,4 millones de euros a Flager, por la mitad de su valor según denuncias de la oposición, en un proceso finalizado en 2002. La inmobiliaria defiende que la venta establecía que el solar estaba libre de cargas.

Nada más lejos. Los particulares presentaron sucesivas demandas que terminaron en sentencias. Entre los fallos y los propios acuerdos de la empresa para tratar de salvar la urbanización priorizando El Corte Inglés, Flager ha tenido que indemnizar. Ahora reclama en el juzgado a la Diputación todo el dinero.

La magistrada de uno de los juzgados de Primera Instancia a la que ha llegado la demanda tras obtener silencio en vía administrativa acordó ayer apurar la posibilidad de un acuerdo que se prevé difícil. La juez suspendió la audiencia previa señalada para ayer y ha dado un plazo de 15 días para que la empresa y la Diputación -cuya fallida sociedad titular de las parcelas, Urbaourense, ha sido liquidada- se avengan a un acuerdo que evite la celebración de juicio. Fuentes de la institución provincial dan por imposible la posibilidad de una negociación. "La única opción es que retiren la demanda", concluyen.

El último pleito benefició a la Diputación. La Audiencia obligó a Flager a entregar al ente una parcela de 2 millones, a permutar otra y a abonar 210.000 euros. Así se había comprometido en un acuerdo privado que Flager alegó haber firmado presionada por la Diputación como condición para que no se frustrase el proyecto, finalmente postergado, de El Corte Inglés.

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