Varios aspectos dudosos de la gestión privatizada del servicio de ayuda a domicilio en Ourense ensanchan el campo de la investigación judicial que indaga presuntos delitos. El caso iniciado con la denuncia por parte de Democracia Ourensana (DO) sobre facturas presuntamente infladas y falseadas va para largo y fuentes judiciales advierten de que la concejala de Benestar que ayer declaró como imputada probablemente tendrá que regresar cuando la Policía termine el análisis de la facturación, un encargo del juez para estudiar el desfase de pagos, certificar si existió una contabilidad doble y cuantificar el agujero económico. Al proceso le quedan todavía declaraciones pendientes de otros imputados y testigos, así como la inspección pormenorizada de documentación.
Uno de esos papeles abre una nueva línea al juez de instrucción. Un informe oficial del propio ayuntamiento revelaría el supuesto trato favorable que la anterior adjudicataria, en cuyo periodo de actuación de 4 años se centran las sospechas de irregularidades, recibió por parte de políticos del Concello de Ourense. Según un escrito rubricado por la tesorera municipal, tanto la concejal de Benestar y teniente de alcalde imputada, Marga Martín, como el gerente de la empresa investigada, el economista y cónsul honorario de Costa de Marfil Alberto López -repite con idéntico cargo en la actual concesionaria- telefoneaban cada mes al departamento de pagos para urgir el abono "inmediato" de las facturas de ayuda a domicilio, dando prioridad a la UTE sobre el resto de proveedores.
La observación de la funcionaria municipal no deja duda, según el informe al que ha tenido acceso FARO DE VIGO, y que se reproduce acompañando a esta información. "Todos los meses se presenta en esta tesorería la misma incidencia, llamadas del proveedor y de la concejala solicitando el pago inmediato de las facturas", constata la técnica.
El trato prioritario a la adjudicataria tuvo consecuencias en la rutina del servicio municipal de pagos. "Esta tesorería se ve obligada a alterar el normal funcionamiento del departamento para dar trámite al pago de las mismas (las facturas de la UTE investigada) que, además, se anticipan a las restantes que están pendientes de incluir en la siguiente relación de pagos".
Los abonos pendientes, aclara el informe, se tramitan según su aprobación. La tesorera advirtió de la incidencia con la empresa de ayuda a domicilio que se reiteraba cada mes y dejó la decisión a criterio exclusivo del alcalde, todavía Francisco Rodríguez, el exregidor imputado en la operación Pokémon. "Se solicita orden expresa de la Alcaldía para la tramitación de estos pagos con preferencia a los restantes que continúan el curso normal en la tesorería municipal".
Así lo plasmó la funcionaria en un informe con sello y firma y fechado a 10 de diciembre de 2010. Con la misma datación, el exalcalde desbloqueó el desembolso. "Atendido el informe", encabeza la resolución del exregidor socialista, "se ordena la realización de los pagos". Unos abonos que, como figura en el encabezamiento del informe y en el propio mandato de Francisco Rodríguez fueron "propuestos por la concejala de Benestar Social". Este hecho contrasta con su declaración ante el juez de ayer, despojándose de rol de gestión alguno en el trámite de facturas.
El dictamen del exalcalde ordenó el desembolso de 220.000 euros en dos facturas correspondientes a octubre de 2010: más de 85.000 tras la liquidación de lo correspondiente a la ley de dependencia, y cerca de 135.000 en la hoja de pago mensual. Las dos facturas fueron aprobadas el 7 de diciembre, tres días antes. Según el compromiso adquirido por el Concello de Ourense -y publicitado en la web municipal- el plazo estipulado para el pago en plazo a proveedores es a 60 días.
En 2010, según las declaraciones y en documentos que obran en la causa, se habrían producido facturas con desfases de hasta 40.000 euros en algún caso. El informe de tesorería y la contestación de Francisco Rodríguez de misma fecha son de 13 días antes de que la junta de gobierno local acordara resolver el contrato con la UTE investigada de mutuo acuerdo. En noviembre de 2010, una sentencia del TSXG anuló la adjudicación. La concejal imputada defiende que no se comunicó la firmeza del fallo hasta enero.
