El Concello, obligado a asumir a una contratada cedida por la Diputación cuyo despido fue nulo

Pasó 11 años trabajando en el ayuntamiento pero en nómina del organismo provincial en cesión ilegal - La juez ve relación entre la rescisión del contrato en diciembre y una demanda laboral

05.03.2013 | 07:29
Funcionarios jefe de la Diputación y el Concello testificaron en este juicio. // Iñaki Osorio
Funcionarios jefe de la Diputación y el Concello testificaron en este juicio. // Iñaki Osorio

Otra sentencia judicial cuestiona la política de contratación omnipresente en los juzgados y da un nuevo revés a la Diputación Provincial de Ourense aunque, paradójicamente, la institución malparada será el Concello de la ciudad. La juez de lo Social Tres ha condenado al ayuntamiento a que readmita de inmediato en su plantilla a Patricia F.M., una joven que pasó 11 años trabajando en dependencias del ayuntamiento, acatando órdenes y pidiendo permisos al personal del consistorio, mientras percibía su nómina y sus costes laborales corrían a cargo del ente ourensano, que después decidía año a año sus renovaciones como agente de empleo. Desde que llegó hasta que perdió el empleo, el color político del Concello pasó del PP a un bipartito (PSOE y BNG) y por último al gobierno actual en minoría del PSOE.

La administración provincial, saturada de personal en los tiempos de bonanza hasta aproximarse al millar de empleados, daba el visto bueno año a año a contratos encadenados hasta diciembre 2012, dos meses después de que la trabajadora presentara una demanda para que sus renovaciones sucesivas se reconocieran como relación indefinida. El despido y la reivindicación guardan causa y efecto, tal y como considera probado la sentencia laboral que ayer fue notificada a las partes. "Las reclamaciones a la Diputación de Ourense se pagan así", ilustró su abogado, Matías Movilla, el día del juicio el 20 de febrero.

La juez del Social Tres acaba de dictaminar que efectivamente se produjo una cesión ilegal de la contratada -una irregularidad por la que la justicia ha fallado en varias ocasiones contra la administración provincia, las más recientes en Xinzo y Oímbra-, pero además la magistrada considera que el despido no fue simplemente improcedente, sino que ha de considerarse nulo.

La mujer perdió el trabajo a los dos meses de presentar su demanda y fue la única que no repitió de los seis agentes de empleo que la Diputación de Ourense contrataba con cargo a una subvención de la Xunta. Dos están en ayuntamientos rurales y tres en la propia Diputación. Tres personas dadas de alta como la demandante , con cargo a la misma ayuda pero por parte del ayuntamiento, lograron recientemente que el TSXG les reconociera su vinculación como indefinidos.

Esa situación supone una vulneración de un derecho fundamental que conllevará el pago de una indemnización a la trabajadora, por afectar a la tutela judicial efectiva que reconoce como derecho fundamental la Constitución. La sentencia fija el pago de unos 3.000 euros -la demandante pedía 6.000- en concepto de daños y perjuicios.

La nulidad que también apreció el fiscal personado en este caso obliga a la readmisión inmediata de la trabajadora, con categoría de indefinida y con antigüedad desde 2001, aun cuando la sentencia notificada ayer es de primera instancia y todavía admitiría recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). "Si no la readmitieran, el ayuntamiento tendría que incorporarla en nómina pagándole los salarios como si lo estuviera", relató ayer el abogado.

La mujer, despedida el pasado 31 de diciembre, optó por el ayuntamiento como destino al presentar la demanda en el juzgado social. Además de porque ha sido su lugar de dedicación durante más de una década, porque tendrá que ser homologada a la categoría del ayuntamiento tras acusar una percepción salarial, según quedó expuesto en el pleito laboral, de 23.000 euros anuales menos de lo que debería cobrar por las funciones que desempeñó en el ayuntamiento.

En la última etapa, incluso realizaba tareas relacionadas con transferencias, ingresos e impuestos del Concello de Ourense en el departamento de tesorería, tal y como ratificó en el juicio laboral el responsable municipal de gestión económica, Benigno Álvarez, que compareció como testigo al igual que José Luis Suárez, el funcionario jefe del servicio de Personal en la Diputación.

Suárez negó que el despido fuera una decisión motivada por la reclamación de la joven y justificó su cese, el único de los seis agentes de empleo a su cargo, por un cambio en el sistema de subvención. Se prescindió de ella, aseguró Suárez, para preservar los puestos cedidos a los ayuntamientos rurales.

En el ayuntamiento de la capital, el único de la provincia que se quedaría fuera del umbral de población fijado para establecer competencias de la Diputación, permanecen dos personas con supuesta afinidad al PP que trabajan en Medio Ambiente e IBI desde hace años aunque quien paga las nóminas es el ente provincial.

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